La intervención de la Defensoría del Pueblo en el caso del buque Perseus V ha sentado un precedente histórico porque ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe sobre las circunstancias que han propiciado la detención y posterior condena, por parte de los tribunales de Estados Unidos, de siete marinos panameños que formaban parte de la tripulación de esa embarcación.
De igual forma, el titular de entidad, Ricardo Vargas, ha hecho una solicitud similar al Ministerio de Gobierno y Justicia, ya que esta situación establece bases muy peligrosas en nuestras relaciones con el país del norte, ya que esto se convierte en un irrespeto a nuestra Constitución y normas legales.
El asunto llegó a niveles complicados cuando los familiares de los detenidos comenzaron a realizar indagaciones sobre la identidad del funcionario que había dado la autorización de abordar el navío y arrestar a los panameños, situación, al parecer, desconocida por la Cancillería.
De acuerdo al curso de las investigaciones, fue el ex director del Servicio Marítimo quien dio la aprobación para la acción, a la que le fueron agregados otros delitos a los implicados.
Para los familiares de los marinos panameños el asunto adquirió un matiz más turbio cuando recurrieron al despacho de la Fiscal Anticorrupción, Maribel Cornejo, quien ya había archivado el expediente por considerar que no ameritaba una prolija investigación. También califican los afectados al director de la PTJ de poco diligente porque, según su opinión, no favorecía los intereses nacionales.
Lo importante de todo este asunto es que mientras existe la posibilidad de que siete marinos panameños inocentes pagan una pena, consecuencia del irrespeto de sus derechos ciudadanos y humanos por la irresponsabilidad de algunos funcionarios, se piense que al servir a los intereses de Estados Unidos se hace lo mismo con los de Panamá.
La Defensoría ha acogido las denuncias porque se incumple con lo estipulado en el artículo 11, numeral 5 del Arreglo Complementario entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, sobre el apoyo y asistencia jurídica y de esa manera, quedan nuestros compatriotas catalogados como piratas del mar.
Frente a la prohibición constitucional de extraditar a nacionales, el Canciller, Samuel Lewis Navarro tiene la oportunidad de exigir el respeto de nuestra soberanía y dejar claro el respeto por los acuerdos entre Panamá y Estados Unidos, pero apegados a la institucionalidad de nuestras normas legales.
Queda el reto de investigar a todos los participantes en esta violación de la ley y tomar el camino de la rectificación, con la aplicación de la ley a todos los que hayan intervenido en este indigno acto.
