"Para que el mal triunfe se necesita que los hombres buenos no hagan nada". Pareciera que esta frase se aplica en algunas ocasiones a nosotros los panameños, en particular con el caso de Haydee Milanés de Lay que ha sido despojada de todos sus derechos ciudadanos.
Es difícil imaginar que en un país con tantos problemas una de las acciones que más ha ocupado la atención de las autoridades, incluyendo la Asamblea Nacional, haya sido quitarle la nacionalidad a Milanés de Lay, como si fuese un asunto de importancia capital para el país.
La actitud emprendida contra la ex legisladora nos sorprende, porque según se ha dicho, en muchas ocasiones a Panamá han ingresado capos de la droga que, incluso, han abierto cuentas bancarias sin tener ningún problema para ello.
El caso más reciente y bochornoso ha sido el de David Murcia quien, inclusive, estableció relaciones de negocio con el Estado panameño y que, en su natal Colombia, ha sido condenado, sin que en Panamá se haya adelantado nada para procesarlo.
Sin embargo, para despojar de la nacionalidad a Milanés de Lay todo ha sido expedito, raudo y sin obstáculos. El proceso fue vertiginoso y ahora esta mujer política no cuenta con ninguna nacionalidad, porque en Colombia tampoco aparece registrado de su nacimiento.
Comprobamos con esta acción que en Panamá imperan los intereses políticos y no la legalidad. Recordamos de paso el caso del Doctor Arnulfo Arias quien fue despojado de sus derechos y el de Adolfo Ahumada a quien le ocurrió algo parecido a lo de la ex legisladora.
La medida tomada en contra de Haydee Milanés de Lay lleva la impronta del fascismo y pretende anularla por cualquier medio. La ex parlamentaria ahora no puede cobrar su jubilación, ni realizar ningún tipo de transacción, sus hijos no tienen una madre reconocida por las leyes y su esposo no posee de manera legal a la que ha sido su compañera por tantos años.
Es vergonzoso que no se haga nada por ayudar a una mujer a la que se le ha despojado de todos sus documentos y cuyo único refugio es la Defensoría del Pueblo, instancia que le ha acogido con humanidad y con la esperanza de que la justicia le restablezca sus derechos de tener un hogar y una nacionalidad en vez que se cometa el crimen insensato de deportarla.
