La democracia panameña emerge de los escombros humeantes de la dictadura. A partir de la ley y la Constitución se ha pretendido consolidar este derecho de la ciudadanía. El compromiso de las autoridades y la población, es mantener la libertad como el principal objetivo de ese proyecto llamado nación.
Los gobiernos posteriores surgidos después del colapso del anterior sistema, poco han hecho por robustecer el actual. El remedo de justicia atenta contra la paz y el bienestar común y es una de las máculas más evidentes. Parece haberse instaurado un régimen de impunidad en el país.
El ciudadano común ve todos los días desastres, violencia y desenfreno. Los llamados delincuentes de cuello blanco no ponen un pie en la cárcel. Tan cierto resulta esto que en un reciente encuentro bancario mundial, se ha dicho que Panamá es el único país donde los ejecutivos hurtan el dinero de sus clientes y de los bancos y nadie va a prisión.
Hace poco se modificó el formato de la licencia de conducir de manera inconsulta. El costo de este documento fue elevado y en vez de ayudar se ha convertido en una pesada carga para la población, a pesar de la existencia de organizaciones de usuarios del transporte que guardan un denso silencio.
Es el colmo, por ejemplo, que el día en que se aumenta el precio del combustible, la empresa del Corredor Sur anuncia el incremento del peaje. Como consuelo, un alto funcionario nos dice que la subida pudo haber sido mayor.
Otro punto medular en este escenario de incongruencias lo representa el Organo Judicial. Los funcionarios de esa entidad pueden caminar por la calle con toda tranquilidad sin que el público les preste la menor atención, a pesar la camarilla de escoltas que les acompañan. Son actores sin público.
El más reciente de los escarnios para la población ha sido la huelga médica. Nunca ha sido popular un movimiento de esta naturaleza, pero el gremio siempre logra su cometido.
La huelga no es contra el Presidente, el gobierno o el PRD, es contra el pueblo que no tiene recursos para acudir a consultorios privados. Las autoridades deben garantizar los servicios de salud pública pero el asunto se torna muy difícil.
Por otra parte, el ciudadano ya no repara tanto en la violencia de los crímenes. Pensamos entonces, si hoy hubiera sido cometido el asesinato del doctor Hugo Spadafora, hubiera sido un caso más en los medios. A este nivel ha llegado la indolencia.
Muchas de las cosas mencionadas anteriormente han nacido con este sistema y no deben ser adjudicadas a ningún gobierno. Pensar de esta manera podría llevarnos un día a ver en el sillón presidencial a un personaje tan pintoresco y difícil como el que hoy se enseñorea en una nación sudamericana.
