El fallo de la Corte señala que las condiciones en que Loor fue recluido le produjeron intensos dolores corporales, quebrantos emocionales y consecuencias físicas y psicológicas que aún perduran.
Amén de que fue violado flagrantemente el debido proceso en la detención, reclusión y posterior deportación del extranjero.
Estos abusos les costarán a todos los panameños 59 mil dólares, en concepto de pago de indemnización para Loor. Además, el fallo obliga a Panamá a rehabilitar y modificar su sistema carcelario, una vieja exigencia de los grupos de derechos humanos locales que históricamente ha sido ignorada.
Con este fallo, Panamá se gana el nada apreciado galardón de ser el primer país en la historia de la CIDH que es condenado por actos de tortura en contra de un inmigrante. Esta condena debe servir no solo para que el Estado mejore las condiciones de sus cárceles, como efectivamente parece intentar con el proyecto de ciudad carcelaria, sino también para que cumpla con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Una cosa no puede ir sin la otra.