Las Fiscalías Anticorrupción han presentado ante los tribunales, 21 escritos de incidentes de indemnización por daños y perjuicios, que hacen un total de 595,569.83 dólares.
Sin embargo, el criterio de los juzgadores ha sido que las instituciones estatales o ministerios tienen personalidad propia y representante legal, en los términos de ley, por lo que son idóneos para reclamar civilmente los daños ocasionados con la comisión del delito.
También se ha indicado que se rechaza la petición, porque la institución afectada no se había constituido como querellante para hacer la solicitud.
En razón de lo anterior, "han sido rechazados tres incidentes por un monto total de 239,444.52 balboas, a pesar que el artículo 353 numeral 5 del Código Judicial, señala que una de las atribuciones del Fiscal Segundo Delegado de la Fiscalía Anticorrupción es la de exigir y ejercer la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la administración pública", señala un informe de las Fiscalías Anticorrupción.
