La falta de seguridad en el país y los hechos de violencia continúan siendo la debilidad de los gobiernos, y eso ha llevado a la Defensoría del Pueblo a señalar (en su informe anual) que es un deber estatal de las autoridades encargadas buscar los mecanismos eficientes de prevención y control.
Hasta el mes de noviembre de este año, en toda la República las cifras de muertes por hechos violentos superaban las 699 víctimas. Sólo en la provincia de Colón los números superan a más del centenar de personas asesinadas.
Ante esos hechos, la Defensoría recomendó acciones concretas que se pudieran atender, como la intensificación de más presencia policial en las calles, revisar las necesidades materiales de las instituciones de prevención; revisar las regulaciones y la normativa legal, realizar investigaciones y perseguir el delito.
"Es una necesidad impostergable que los Estados reflexionen sobre el tema y adopten medidas y políticas públicas eficaces", resaltó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se destaca en el informe defensorial que en los últimos años la población ha estados siendo afectada por altos índices de criminalidad que continúan en aumento, y nuevas y atroces modalidades con que se cometen algunos delitos.
