Argentina crea la Unidad Antimafia en lucha contra el narcotráfico
Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Javier Milei creó una Unidad Antimafia (UA) en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad que funciona en el Ministerio de Seguridad.
Argentina creó la Unidad Antimafia, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, en respuesta a la escalada de violencia asociada al narcotráfico -que el Ejecutivo denomina "narcoterrorismo"- en la ciudad de Rosario.
Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Javier Milei creó una Unidad Antimafia (UA) en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad que funciona en el Ministerio de Seguridad.
Esta decisión del Gobierno argentino llega en medio del recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico en esa localidad de la provincia de Santa Fe (centro-este), con la muerte aleatoria de cuatro ciudadanos -dos taxistas, un chófer de autobús y un trabajador de gasolinera- en menos de una semana.
Por este motivo, el Ministerio de Seguridad creó un Comité de Crisis, del que también participan el de Defensa, el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y la Intendencia (alcaldía) de Rosario.
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El 11 de marzo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compareció junto a otras autoridades en una rueda de prensa, en la que ya adelantó la intención del Ejecutivo de crear esta Unidad Antimafia, inspirándose en el modelo de Italia para combatir a las bandas criminales.
De hecho, la resolución publicada en el Boletín Oficial reconoce que "en el derecho comparado es dable mencionar el Código Penal Italiano, cuyo artículo 416 bis establece que una asociación es de tipo mafioso 'cuando quienes la integran se valen del uso de la fuerza intimidatoria del vínculo asociativo y la condición de sometimiento y silencio que de ella se deriva para la comisión de delitos'".
Asimismo, "para adquirir directa o indirectamente la gestión o, en todo caso, el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos o para obtener ganancias o ventajas injustas para uno mismo o para otros, o con el fin de impedir o dificultar el libre ejercicio del voto o procurar votos para uno mismo o para otros en casos de consultas electorales".
En opinión del Gobierno argentino, "el avance global del crimen organizado de tipo mafioso obliga a redoblar los empeños en materia de prevención, represión y sanción", por lo que "se considera apropiada la conformación de un ámbito de trabajo unificado con miras al diseño y la implementación de políticas públicas que propicien la generación de mecanismos de prevención y lucha contra la delincuencia de tipo mafioso".
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