Brasilia amenace bajo control pero con rastros de destrucción
"La situación en Brasilia está controlada", afirmó en un mensaje en sus redes sociales el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero.
Brasilia amaneció este lunes con el orden público bajo control pero con rastros de destrucción en varias áreas del centro del poder de la capital brasileña, tras el violento asalto del domingo de miles de bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes.
"La situación en Brasilia está controlada", afirmó en un mensaje en sus redes sociales el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero.
Capelli, un alto funcionario del Ministerio de Justicia, asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenara una intervención federal en el Distrito Federal para hacer frente al ataque a las instituciones de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
Capelli afirmó que las fuerzas policiales de Brasilia, ahora bajo su comando, reiniciaron a primera hora las operaciones para identificar a los responsables por los actos de vandalismo en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
"Ya estamos en campo nuevamente. Los criminales seguirán siendo identificados y sancionados. No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionen como incubadoras de planos contra el Estado Democrático de Derecho", afirmó el interventor.
Una de las primeras acciones de la Policía fue el desmonte del campamento que los bolsonaristas habían montado desde las elecciones presidenciales de octubre frente al cuartel general del Ejército para presionar por un golpe militar que impidiera el regreso de Lula al poder y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo.
Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, bloquearon los accesos al campamento a primera hora para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de los que permanecían en el lugar.
El cerco surtió rápidamente efectos y, sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades, los cientos de seguidores de bolsonaristas radicales que estaban acampados frente al Ejército comenzaron a recoger sus pertenencias y abandonaron el lugar en autobuses que los condujeron a comisarías para ser identificados.
Pese a la tranquilidad reportada, en la Plaza de los Tres Poderes, que separa el Palacio Presidencial de Planalto, la sede del Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal, el escenario era de destrucción, con pedazos del piso removidos, hierros retorcidos, basuras esparcidas por todas partes y hasta cápsulas de gases lacrimógenos.
Los rastros de destrucción se extendían por varios de los jardines de la Explanada de los Ministerios, la amplia avenida en la que están ubicadas las sedes de los ministerios y que culmina en la Plaza de los Tres Poderes.
Dentro de las edificaciones igualmente quedaron los rastros del violento ataque, con cientos de ventanales quebrados, sillas arrancadas, equipos destruidos y obras de arte damnificadas.
La edificación del Congreso quedó con letreros golpistas pintados y hasta una patrulla policial sumergida en un estanque.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios.
Según las últimas informaciones, al menos 300 personas fueron detenidas por los ataques antidemocráticos, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional. EFE
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Brasil seguirá defendiendo la democracia con apoyo internacional, dice el canciller
Brasil, con el apoyo de toda la comunidad internacional, seguirá defendiendo su paz y los avances democráticos que ha conquistado, dijo este lunes el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, al condenar el asalto del domingo de bolsonaristas radicales a las sedes de sus tres poderes.
"Ese patrimonio de paz y de avances de la sociedad brasileña fue defendido ayer por las instituciones y seguirá siendo defendido, con pleno apoyo de la comunidad internacional, que fue contundente en la condena de los acto golpistas del 8 de enero de 2023", afirmó Vieira en una declaración a la prensa tras su encuentro con el ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa.
El ministro brasileño agradeció el mensaje de respaldo a la democracia brasileña que le transmitió su homólogo japonés y aprovechó para agradecer a todos los países y organismos internacionales que se han pronunciado de forma similar.
Al menos 1.200 bolsonaristas son detenidos en campamento frente al Ejército
Al menos 1.200 bolsonaristas han sido detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil.
Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, han sido detenidos después de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en que se refugiaban.
Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.
Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.
Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.
El desalojo fue pacífico y se produjo después de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula.
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