Corte remite a una Fiscalía indagación a Álvaro Uribe
La Corte Suprema de Justicia de Colombia remitió a la Fiscalía la indagación previa contra el expresidente Álvaro Uribe por sus presuntos vínculos con tres masacres perpetradas en el departamento de Antioquia y por el homicidio de un defensor de derechos humanos.
El alto tribunal señaló que perdió competencia en estos casos cuando el exmandatario, en prisión domiciliaria por otra investigación por presunto fraude procesal y soborno de testigos, renunció a su escaño en el Senado y por ello quedó sin fuero de congresista y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.
"Esta decisión se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados (...) en la Constitución Política para continuar conociendo de este asunto, de ahí que por competencia lo remita al fiscal general (Francisco Barbosa)", detalló la Corte en un comunicado.
Uno de los casos remitidos es la indagación por la masacre de El Aro, perpetrada por paramilitares entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en ese caserío del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Uribe ha sido vinculado a esa masacre por supuestamente haber apoyado durante su periodo como gobernador de ese departamento (1995-1997) a los paramilitares que asesinaron a 17 campesinos.
El proceso contra el expresidente indaga de manera preliminar su supuesta implicación en la masacre debido a que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la matanza.
Según la Corte, "en ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango".
La masacre de El Aro, al igual que otras a las que Uribe ha sido vinculado, como la de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 y que dejó cinco muertos, fue declarada crimen de lesa humanidad por lo que no tiene prescripción.
El proceso que involucra a Uribe indaga también la presunta conformación, promoción o financiación a mediados de los años noventa de una organización armada al margen de la ley.