Investigaciones del asalto al Capitolio estrechan el cerco sobre Trump
Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos en esa jornada; y por otro, el proceso político abierto en el Congreso de EE.UU. contra personas de la órbita del exmandatario.
Un año después del multitudinario asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, centenares de procesos tanto judiciales como políticos siguen buscando a los culpables materiales e intelectuales de lo sucedido, estrechando cada vez más el cerco sobre el expresidente Donald Trump.
Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos en esa jornada; y por otro, el proceso político abierto en el Congreso de EE.UU. contra personas de la órbita del exmandatario.
MÁS DE 700 ACUSADOS
Hasta la fecha, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas, residentes a lo largo y ancho de EE.UU., por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta impedir el ejercicio de sus funciones, pasando por destruir propiedad del Gobierno y entrar en un edificio de acceso restringido.
"Entrar al Capitolio sin permiso es una acusación muy menor, pero la violencia física puede conllevar varios años de prisión, especialmente si es contra un agente de la Policía del Capitolio", dijo a Efe el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York Stephen Gillers.
A juicio de Gillers, de todos los distintos cargos contra los acusados, este es el que puede conllevar las sentencias más duras.
De hecho, la mayor condena emitida hasta la fecha -dada a conocer el pasado 17 de diciembre- fue precisamente por este motivo, y recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.
Aunque las detenciones se están produciendo en todos los rincones el país (las ha habido en la propia capital, Washington, y en estados tan lejanos como Minesota, Alaska y Hawái), todos los acusados cuyos casos terminen en juicio tendrán que pasar por el Distrito de Columbia, al ser el lugar donde se produjeron los hechos.
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"El juicio ocurre donde tuvo lugar el crimen. Ahora bien, si el acusado se declara culpable -es decir, no va a juicio- y no se encuentra físicamente en Washington, la sentencia puede producirse en cualquier otra parte del país", aclaró Gillers.
Sin embargo, no parece que ésta sea la vía más habitual entre los acusados, ya que de los más de 700 detenidos hasta la fecha (una cifra que presumiblemente seguirá creciendo en los próximos meses), únicamente unos 150 han aceptado declararse culpables, según datos del Departamento de Justicia de EE.UU.
Uno de los que sí llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso fue la cara más visible del asalto al Capitolio, el hombre disfrazado de bisonte y autoproclamado "chamán de QAnon", Jacob Chansley, que en noviembre fue condenado a 41 meses de prisión.
LOS RESPONSABLES INTELECTUALES, AL CONGRESO
Mientras el FBI y la Justicia lidian con los ciudadanos anónimos que protagonizaron los hechos, la Cámara de Representantes -controlada por el Partido Demócrata- lleva a cabo una investigación paralela sobre qué ocurrió el 6 de enero y los días precedentes en las más altas instancias del Gobierno estadounidense.
El "Selecto Comité para Investigar el Ataque del 6 de Enero al Capitolio de EE.UU." está formado por nueve miembros, pero sólo dos de ellos pertenecen al Partido Republicano y su futuro está en duda si los conservadores logran el control de la Cámara Baja en las elecciones legislativas de noviembre.
A diferencia de los tribunales en que se llevan a cabo los procesos judiciales contra los atacantes, el Congreso no tiene capacidad de sancionar a nadie, por lo que la investigación es meramente informativa.
Ahora bien, si alguna de las personas llamadas a testificar se niega a hacerlo, el comité las puede declarar en desacato y luego corresponde al Departamento de Justicia presentar cargos.
Ese ha sido el caso hasta la fecha de tres excolaboradores de Trump: su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark, todos ellos declarados en desacato.
En caso de ser hallados culpables, todos ellos podrían ser condenados a varios meses o incluso un año de prisión.
Penas relativamente bajas pero que, según dijo a Efe el profesor de Derecho de la Universidad George Mason Ilya Somin, "podrían tener consecuencias enormemente dañinas para la reputación de estas personas, que son profesionales de alto nivel y en muchos casos, abogados".
QUÉ HACER CON TRUMP
En el fondo del debate tras los casos de Bannon, Meadows y Clark está la figura del propio expresidente: ¿solicitará el comité al Departamento de Justicia que presente cargos criminales contra Trump en función de lo que encuentre?
La posibilidad existe y la prensa estadounidense asegura que es algo que los demócratas tienen sobre la mesa, pero incluso entre las propias filas progresistas y los medios de comunicación de su órbita existe división de opiniones sobre la cuestión.
Mientras algunas voces -como el propio presidente del comité, Bennie Thompson- quieren llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, otros alertan del peligro de que una solicitud de este tipo politice todavía más la percepción que los estadounidenses tienen del comité e incluso ayude a Trump a presentarse como víctima de una persecución política.
Además, la solicitud del comité en sí misma no tendría ninguna consecuencia legal, su validez sería únicamente informativa para que el Gobierno decidiese si debe actuar o no, por lo que pedirlo y que luego el Departamento de Justicia ni tan siquiera llegase a presentar cargos es un escenario realista y potencialmente perjudicial para la imagen del Congreso. EFE