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La impunidad en el homicidio de Romero

Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado hace más de 38 años y pese a ser el personaje más célebre de El Salvador y el primer santo del país, por su férrea defensa a los derechos humanos, su caso sigue inmerso en la impunidad.

Las claves del poco avance de la Justicia en el caso Romero son diversas. La sombra de la impunidad rodeó la figura del santo desde antes de su asesinato. Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, Romero fue víctima de amenazas de muerte y un atentado fallido con explosivos, hechos que no fueron investigados.

El documento señala que tras la homilía del 17 de febrero de 1980 en la que el beato se opuso a la ayuda militar del Gobierno de EE.UU. a El Salvador, fue "objeto de amenazas de muerte", y que en una entrevista privada señaló que sentía "miedo" y "prefirió que sus colaboradores no lo acompañasen en sus salidas para evitarles riesgos innecesarios".

El 10 de marzo de 1980, se encontró un maletín con una bomba "que no alcanzó a estallar" cerca de una altar en el que había oficiado misa el día anterior y que fue construida con 72 petardos de dinamita comercial.

Catorce días después, Romero fue asesinado de un tiro por un francotirador de un escuadrón de la muerte de extrema derecha en el altar de la capilla del hospital de enfermos de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador. Con su muerte, la impunidad se impuso y el Estado se hizo cómplice, según refleja un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2000.

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