Ley de aborto de Irlanda del Norte viola derechos humanos
La condena se aplica incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal.
La legislación sobre aborto de Irlanda del Norte no cumple con la normativa de derechos humanos. Así concluyó este lunes el Tribunal Supremo de Belfast, la capital norirlandesa. Irlanda del Norte impone la pena más severa de toda Europa por abortar: cadena perpetua tanto para la mujer que se someta a un aborto ilegal como a cualquier persona que le preste ayuda. La condena se aplica incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal. Interrumpir el embarazo sólo está permitido cuando la vida de la mujer está en peligro o ésta corre el riesgo de desarrollar un daño físico o mental permanente. En Irlanda del Norte no aplica la Ley del Aborto (1967) de Reino Unido, a pesar de que es una de las naciones constituyentes de la unión. Según esta norma, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta las 24 semanas de gestación en los territorios de Inglaterra y Gales y Escocia. Ante esta diferencia de legislaciones, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, por sus siglas en inglés), llevó la cuestión ante el tribunal superior, con el objetivo de extender el permiso para abortar a casos de seria malformación del feto, violación o incesto. El caso que encendió la polémica Fue el caso de Sarah Ewart, una mujer norirlandesa, la que generó una amplia discusión sobre el tema. En 2013, estando embarazada de 20 semanas, viajó a Inglaterra para que le practicaran un aborto. A su bebé le había sido diagnosticada anencefalia, una malformación cerebral congénita. Pero como los médicos le habían indicado que su vida no estaba en peligro, bajo la legislación norirlandesa no tenía permitido interrumpir el embarazo. El año pasado el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte llevó a cabo una consulta pública sobre la necesidad o no de cambiar la ley para permitir el aborto en casos en lo que el feto tuviera una malformación grave. Sin embargo, el NIHRC consideró que la consulta no iba lo suficientemente lejos, así que decidió llevar la cuestión a los tribunales. Y en marzo de este año Amnistía Internacional publicó un informe sobre el tema, en el que advertía que "las restrictivas leyes de Irlanda del Norte sobre el aborto son una violación flagrante de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben a Reino Unido". En su fallo de este lunes, el juez del Tribunal Supremo Mark Horner determinó que las mujeres víctimas de delitos sexuales y los casos en los que el feto tiene anomalías fatales tienen derecho a una exención de la ley. Ahora está por determinar si será necesaria una nueva legislación específica para dar cumplimiento al fallo.