Madrid exige claridad a Cataluña sobre independencia

La respuesta del gobierno catalán sería crucial para decidir “el futuro de los acontecimientos de los próximos días”, manifestó Rajoy en su comparecencia.

El ejecutivo central “quiere ofrecer certezas a los españoles”, dijo el mandatario, agregando que “es preciso que vuelvan la tranquilidad, la seguridad y el sosiego”.

La petición de Rajoy fue la respuesta al anuncio realizado en la víspera por el presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, de que seguirá adelante con la independencia de la próspera región, aunque acto seguido la suspendió durante varias semanas para facilitar negociaciones.

En un discurso posterior ante el Congreso, el presidente dijo que el referendo era “el último episodio de estrategia de imponer una independencia que pocos quieren y a nadie conviene”.

La consiguiente crisis, subrayó, significa que “nuestra democracia vive uno de los momentos más graves de su historia reciente”.

Las autoridades catalanas, dijo Rajoy, violaron la ley al realizar el referendo e incitaron las protestas callejeras para dar una apariencia de legitimidad a los comicios.

No aludió a la violencia de la represión policial durante la jornada del referendo, pero dijo que “nadie puede estar orgulloso” de la imagen proyectada por España, que atribuyó en exclusividad a la dirigencia separatista.

Abogados catalanes, grupos de la sociedad civil y políticos de toda España han ofrecido sus servicios como mediadores, ofertas que el presidente rechazó aunque las agradeció.

“No hay mediación posible entre la ley democrática o entre la desobediencia y la ilegalidad”, dijo Rajoy.

En un discurso muy esperado, Puigdemont señaló en el Parlamento catalán que la contundente victoria en el referendo secesionista del 1 de octubre dio a su ejecutivo el mandato para implementar una ruptura con España anhelada durante siglos.

Instantes más tarde, el dirigente propuso al Parlamento regional que suspendiese los efectos de la declaración para iniciar contactos y ayudar a reducir la tensión en la peor crisis política del país en las últimas décadas.

El gobierno central ha dado pocos indicios de estar abierto al diálogo y reiteró que no acepta la declaración y que considera que la consulta secesionista y sus resultados no son válidos.

El Artículo 155 de la Constitución permite que el gobierno central tome el control parcial o total de cualquiera de las 17 regiones del país en caso de que incumplan con sus obligaciones legales. Esto comenzaría con una reunión del gabinete y una advertencia al gobierno regional para que se alinee. Posteriormente, se convocaría al Senado a aprobar la medida.

Unos 2,3 millones de catalanes, el equivalente al 43% del electorado de la región, participaron en el referendo. Las autoridades regionales señalaron que el 90% de los votos fueron a favor de la separación y declararon que los resultados son válidos. Los contrarios a la consulta señalaron que boicotearían la consulta.

El ejecutivo de Rajoy se ha negado repetidamente a autorizar a Cataluña a celebrar un referendo secesionista alegando que se trata de una iniciativa inconstitucional ya que solo participaría una parte de los 46 millones de habitantes del país.

En Cataluña, el apoyo a la secesión aumentó en los últimos años impulsado por la reciente crisis económica en España y por el rechazo de Madrid a los intentos de aumentar el autogobierno de la región.

El estancamiento político arrastró a España a su crisis más grave en más de cuatro décadas, desde la restauración de la democracia tras la dictadura de Francisco Franco.

El dirigente opositor Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, dijo que los dos partidos más grandes acordaron renegociar las leyes de autonomía. Dijo que se llegó a un acuerdo con Rajoy para iniciar, dentro de seis meses, conversaciones sobre una reforma constitucional que permita cambios a la estructura actual que rige la autonomía de las 17 regiones del país, una de las cuales es Cataluña.

Sánchez dijo que el PSOE quiere la reforma para permitir que Cataluña siga siendo parte de España, y que los socialistas respaldan el pedido de aclaraciones de Rajoy a Puigdemont.

La vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el líder catalán “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir” y que expuso a la región “a la mayor fractura, la mayor división y la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia”.