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Modelo de megacárcel de Bukele avanza en Latinoamérica en medio de críticas

Nayib Bukele ofrece algo que pocos Gobiernos pueden mostrar: una caída drástica de la violencia en poco tiempo.

La estrategia de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el crimen organizado se ha convertido en un referente para varios países de Latinoamérica, que desde 2023 han propuesto construir al menos 16 megacárceles, en un intento por replicar un modelo que plantea interrogantes sobre su eficacia frente a las distintas formas de criminalidad y sus consecuencias para los derechos humanos.

La violencia y la expansión del crimen organizado explican parte del atractivo de esa estrategia que promete resultados rápidos frente a problemas de seguridad.

Sin embargo, su expansión también plantea dudas sobre qué se está replicando y si las medidas aplicadas contra las pandillas salvadoreñas pueden funcionar frente a redes criminales transnacionales.

"Bukele ofrece algo que pocos Gobiernos pueden mostrar: una caída drástica de la violencia en poco tiempo.

Lo vende con una maquinaria de propaganda extraordinariamente eficaz, que muestra la megacárcel, deshumaniza a los detenidos y oculta los abusos. 

Por eso atrae incluso a países cuyos problemas criminales no se parecen en nada a los de El Salvador", explica a EFE Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Desde 2023 Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala han anunciado o iniciado proyectos de megacárceles. 

Sin embargo, muchas iniciativas siguen en fase de propuesta o construcción y funcionan más como gestos políticos que como cambios sustanciales de política pública, señala InSight Crime en su investigación 'Mapa de las megacárceles de América Latina'.

Las políticas de mano dura

Costa Rica inauguró recientemente el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño y con capacidad para 5,100 reclusos.

En Ecuador, la Cárcel del Encuentro comenzó a recibir presos en noviembre de 2025 y el Gobierno de Daniel Noboa anunció otro centro para 15,000 reclusos.

Paraguay puso en funcionamiento el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destinado a presos de alta seguridad y Argentina construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), conocido como ‘El Infierno’.

La influencia del modelo también se refleja en las visitas al Cecot. 

El chileno José Antonio Kast recorrió las instalaciones días antes de asumir la Presidencia para "tomar ideas" que pudieran aplicarse en su país, aunque aclaró que no necesariamente replicaría el sistema de la misma manera. 

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, también visitó la prisión en octubre.

Las cárceles no resuelven las estructuras criminales

Para Goebertus, "lo que en realidad se ha copiado es la estética y la narrativa, el endurecimiento de penas, que no tiene nada de novedoso en América Latina, y la construcción de megacárceles".

"Ecuador las combinó con la militarización y Honduras con un régimen de excepción. Estas estrategias no parecerían haber funcionado para bajar la violencia en esos países", añadió.

La expansión penitenciaria tampoco garantiza por sí sola el debilitamiento de las organizaciones criminales.

InSight Crime advierte que algunas estructuras delictivas de la región, como el Tren de Aragua en Venezuela, el Primer Comando Capital en Brasil y Los Choneros en Ecuador, surgieron o se fortalecieron dentro de las prisiones, que utilizaron como centros de operaciones y reclutamiento.

"En América Latina, las cárceles no han sido el final del crimen organizado, sino con frecuencia su origen y su centro de mando. Allí se consolidan liderazgos, se recluta y se controla a la población privada de libertad, casi siempre con la complicidad de quienes deberían custodiarla", señaló Goebertus, quien advirtió de que "el encarcelamiento masivo puede terminar ampliando la base de reclutamiento de estos grupos".

A las dudas sobre la eficacia se suman los cuestionamientos por derechos humanos en El Salvador, donde el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha permitido la detención de decenas de miles de personas y ha dado lugar a denuncias de arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos.

"En El Salvador hay decenas de miles de personas detenidas arbitrariamente. Muchas fueron arrestadas porque la policía debía cumplir cuotas de capturas, por una llamada anónima o simplemente por parecer sospechosas. Entre ellas hay personas inocentes, incluso víctimas de las propias pandillas", afirma Goebertus.

La magnitud de las detenciones también ha llevado al Gobierno a revisar su política de encarcelamiento.

Bukele reconoció que las autoridades han liberado a unas 8,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción y en octubre anunció que estudiaba conceder libertad condicional a una parte de los más de 90,000 detenidos, una medida que podría alcanzar a cerca de la mitad.

La directora para las Américas de HRW advierte que "lo que se importa no es una cárcel, sino la idea de que los derechos son un obstáculo para la seguridad. Una vez que se acepta que se puede detener sin pruebas y condenar sin juicio, nadie está a salvo".

Las diferencias entre países también limitan la aplicación de esta estrategia.

"El Salvador enfrentaba pandillas con control territorial local, pocos recursos y miembros fácilmente identificables, en un país pequeño", explica.

Mientras que "Ecuador enfrenta organizaciones vinculadas a redes transnacionales, que controlan puertos y rutas de la cocaína y pueden comprar policías y jueces. Honduras combina extorsión, narcotráfico y una élite política con vínculos documentados con el crimen organizado. Colombia enfrenta un fenómeno de degradación de conflicto armado en crimen organizado que es muy distinto", señala Goebertus.

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