GinebraCada año se producen en el mundo 12,000 millones de balas (casi dos balas por persona), que se venden en un mercado que hasta ahora goza de mucho menos control que el de las armas, pese a superarlo en volumen de negocio.Por esa razón, la ONG Oxfam pidió que se incluya el control de la venta de municiones y componentes armamentísticos en la agenda de las negociaciones internacionales sobre un nuevo tratado que regulará el comercio de armas, previstas para julio próximo en Nueva York.
En este contexto, Oxfam presentó a la prensa en Ginebra su informe "Para una bala, para una guerra.
Por qué la munición debería estar incluida en el Tratado de Comercio de Armas", en el que indica que la venta de municiones para armas pequeñas alcanza los 4.300 millones de dólares anuales, frente a los 2.680 millones de la venta de este tipo de armas.
"El comercio internacional de municiones es incluso menos transparente que el de armas.Los flujos de venta son difíciles de controlar, por lo que el riesgo de que se desvíen a usuarios ilícitos o no autorizados aumenta", denuncia el informe.
La coordinadora para Oxfam de la campaña "Armas bajo Control", Anna MacDonald, consideró "absolutamente esencial" que la venta de municiones se incluya en el nuevo tratado para que esté mejor regulada, pues de lo contrario "el tratado no tiene sentido".El estudio revela que pocos países informan de sus exportaciones de municiones y que en muchos casos incluyen estos datos en los de exportaciones de armamento, lo que complica más determinar el destino final de las balas.Del total de 34 países que han informado públicamente de sus exportaciones de armas desde 2006, solo 28 presentaron datos sobre el comercio de municiones en una categoría explícita, entre los que se encuentra España.Por su parte, países como China, Egipto, Siria y Estados Unidos se han opuesto a incluir el control de la venta de municiones en el tratado por considerar que será "demasiado difícil" implementarlo y gestionarlo.Para la ONG, el nuevo tratado debe incluir criterios de cumplimiento obligatorio que impidan las transferencias de armas "cuando exista un riesgo de que se empleen en violaciones de derechos humanos, del derecho internacional humanitario o para socavar el desarrollo".