Ordenan arrestar a la vicepresidenta de Filipinas Sara Duterte
Su detención sería legalmente posible, ya que el cargo de vicepresidenta no le otorga inmunidad frente a un proceso penal.
El futuro político de la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, queda desde este viernes más comprometido, después de que un tribunal del país haya ordenado su arresto por un caso de amenazas al presidente, Ferdinand Marcos Jr, y a personas de su entorno más próximo, mientras un juicio político que podría derivar en su destitución avanza en paralelo en el Senado.
"Confirmo que se me notificó una orden de arresto con fecha del 4 de septiembre de 2026, emitida por la jueza Maria Angelica De Ramos, del Juzgado 98 de Ciudad Quezón, y entregada por la coronel de la Policía Nacional de Filipinas Christine Tabdi en la Oficina de la Vicepresidencia", afirmó Duterte en un comunicado recogido por Philstar, uno de los principales diarios del país.
Previamente, la prensa filipina adelantaba que el tribunal de primera instancia de Ciudad Quezón había emitido la orden al determinar que existe causa probable para someterla a juicio por tres cargos de amenazas graves, y tras rechazar una solicitud de la vicepresidenta para revocarla o aplazarla.
Amenazas a Marcos en plena ruptura entre las dinastías
El caso supone un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los actuales líderes de las dos dinastías políticas dominantes en Filipinas, los Marcos y los Duterte, y se remonta a noviembre de 2024, cuando la vicepresidenta aseguró que había contratado a una persona para matar al jefe del Estado, a la primera dama, Liza Araneta; y al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez; ello en el supuesto de que ella fuera asesinada.
Aunque posteriormente Duterte argumentó que sus palabras habían sido sacadas de contexto, la Fiscalía presentó tres cargos por amenazas graves.
Las declaraciones se produjeron en plena ruptura entre la vicepresidenta y Marcos Jr, que concurrieron de la mano a las elecciones de 2022 y arrasaron en las urnas, antes de que, entre disputas políticas y presupuestarias, rompieran relaciones.
Duterte renunció a su cargo de secretaria de Educación en junio de 2024 y abandonó el Gobierno.
¿Será detenida?
Aunque la orden de arresto ya pesa sobre ella, Duterte podría evitar permanecer detenida si abona la fianza, relativamente baja, que el tribunal ha fijado: 120.000 pesos filipinos (unos $1,900) para cada uno de los tres cargos, lo que ascendería a un total de 360.000 pesos ($5,700 aproximadamente), según información recogida por los medios del archipiélago.
La orden no implica que haya sido declarada culpable, sino que responde a la decisión del tribunal de que existe causa probable para someterla a juicio.
Su detención sería legalmente posible, ya que el cargo de vicepresidenta no le otorga inmunidad frente a un proceso penal.
Duterte, por tanto, podría quedar en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso penal, que proseguirá en paralelo al juicio político que afronta en el Senado, un procedimiento independiente que puede acarrearle severas consecuencias.
Un 'impeachment' decisivo
La orden de arresto contra Sara añade interrogantes sobre su futuro político, ya comprometido de antemano: la Cámara de Representantes filipina aprobó en febrero iniciar un juicio político en su contra en el Senado por varias acusaciones, entre ellas abuso de poder y corrupción, y en el que también se alegan las amenazas al presidente.
El veredicto del Senado, que se espera para antes de que finalice el año, puede derivar en la destitución de la vicepresidenta y en su inhabilitación de por vida, lo que, por ende, truncaría su anticipada candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.
Según las reglas del proceso, salpicado por detenciones de senadores, para que Duterte resulte inhabilitada para ocupar cargos públicos se requiere una mayoría de dos tercios de la cámara alta, mientras que la absolución solo necesita nueve votos, el número justo de apoyos con los que la vicepresidenta cuenta en el Senado, según expertos consultados por EFE.
Duterte es una de las principales figuras que aspiran a disputar la presidencia de Filipinas en 2028, cuando Marcos Jr no podrá optar a la reelección, ya que la Constitución limita a seis años el mandato presidencial y no contempla un segundo periodo en el cargo.
Una eventual inhabilitación frustraría la ambición presidencial de Duterte, mientras que la absolución le permitiría afrontar la carrera electoral con el proceso político superado y, probablemente, reforzada.
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