Senado otorga "carácter secreto" a la información judicial de Cristina Fernández
El punto de mira está en sus casas de las ciudades sureñas de El Calafate y Río Gallegos y su apartamento de Buenos Aires, así como de su despacho del Congreso.
El Senado argentino acordó aplazar al próximo miércoles el debate en el que debía decidir si autoriza a un juez a registrar los domicilios y la oficina de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, y otorgó "carácter secreto" al contenido de la documentación judicial que maneja sobre ella.
"Es grave que de este Senado pueda salir información que obviamente es muy impactante para toda la comunidad", expresó la legisladora Magdalena Solari Quintana durante la breve sesión celebrada en la Cámara Alta, órgano al que la misma mañana del jueves había llegado el documento con los fundamentos del juez Claudio Bonadio sobre la medida judicial que reclama realizar.
Una comisión parlamentaria determinó la pasada semana que sería este jueves el debate, y algunos senadores alegaron no haber tenido tiempo suficiente para leer el texto remitido por el magistrado.
"Sería muy imprudente en nosotros avanzar sin darle un estudio (a esa información)", señaló el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el también opositor Dalmacio Mera, quien consideró que hay que ser "doblemente prudentes" porque la petición del juez "no tiene antecedentes y afecta a muchas garantías" de la Constitución.
El 2 de agosto pasado, Bonadio pidió autorización a los senadores para allanar los domicilios de Fernández, con el fin de hallar datos relacionados con una causa en la que se investiga si formó parte de una red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de su Gobierno (2007-2015) y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).
En concreto, el punto de mira está en sus casas de las ciudades sureñas de El Calafate y Río Gallegos y su apartamento de Buenos Aires, así como de su despacho del Congreso, donde recaló tras las elecciones de octubre de 2017 en las que salió elegida senadora.
Al contar con fueros parlamentarios que la protegen de cualquier orden de detención y registro, la Justicia ha de solicitar oficialmente a la Cámara Alta su permiso para los operativos.
Miguel Ángel Pichetto, jefe del grupo de senadores del Partido Justicialista, histórica formación peronista, con quien la expresidenta, a pesar de ser correligionario, mantiene una relación distante, mostró en la sesión su disposición a colaborar con el juez.
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"Lo peor que puede hacer el Senado es obstaculizar la realización de medidas de prueba", consideró, para proponer que por "el deber de la prudencia y la responsabilidad" es conveniente que la sesión se convoque para el miércoles que viene.
Además, el legislador propuso también incorporar en la agenda de ese día el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio, para que el Estado recupere dinero y otros bienes relacionados con la corrupción y otros delitos graves, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y sigue sin ser debatido en el Senado.
El oficialista Federico Pinedo presentó una moción -que recibió el apoyo mayoritario- para oficializar las propuestas de Pichetto, y añadió la necesidad de declarar "secreta" la información enviada sobre Fernández por Bonadio.
En declaraciones previas al debate, el senador Juan Carlos Marino, titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, declaró que si él fuera Fernández, diría "acá están las llaves", como un símbolo de la transparencia.
"¿Cuál es el problema de que quieran ir a tu domicilio si no tienes nada que esconder?", se preguntó.
La exmandataria, que no estuvo presente en la sesión y su última aparición pública fue esta madrugada durante el debate del aborto en la misma Cámara, está imputada desde hace poco más de una semana en la causa por los sobornos.
El caso salió a la luz por la filtración de unos cuadernos en los que el chófer de un alto funcionario del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década cómo transportaba en su auto bolsas con millones de dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos, supuestamente, el matrimonio presidencial.
Esta no es la primera vez que el juez Bonadio cursa una solicitud al Senado por asuntos de la expresidenta.
A finales del año pasado, pidió que debatiera y aprobase despojar de sus fueros a la exmandataria, para enviarla a prisión preventiva por estar acusada del encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994.
Sin embargo, el Senado -en el que ningún grupo tiene mayoría absoluta pero en el que prevalece la oposición peronista, a la que se adscribe Fernández- no ha avanzado al respecto.