Siete soldados colombianos aceptan cargos por violación
Los siete soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro) aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó el fiscal general, Francisco Barbosa.
"La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete soldados regulares que presentaban su servicio militar obligatorio (...) se les solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado", dijo Barbosa en una rueda de prensa en Cali.
La niña de 12 años, perteneciente al pueblo embera katío, habría sido secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública la denuncia el miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.
El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.
Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia", expresó Barbosa, quien agregó que "en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos".
Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que el Gobierno va a "enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia", y agregó que si toca "inaugurar la cadena perpetua" aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará.
La Defensoría del Pueblo pidió al Ejército y al Ministerio de Defensa que "hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho".