¡Tensión al límite! Tijeretazo y caída de narco sacuden Costa Rica
El Gobierno anunció que para 2027 habrá un recorte del 5% en el presupuesto del Poder Judicial, argumentando que todas las instituciones del Estado deben ajustarse la faja.
Un reciente anuncio del Gobierno de Costa Rica de que recortará un 5% el presupuesto del Poder Judicial para 2027 y la captura de un narcotraficante de alto perfil han tensado esta semana aún más la relación entre estos poderes, en un país que históricamente se ha caracterizado por su estabilidad y que en la actualidad enfrenta elevadas cifras de violencia asociadas al narcotráfico.
Durante su Gobierno (2022-2026), el derechista Rodrigo Chaves acusó repetidamente a la cúpula del Poder Judicial de ser corrupta e incumplir con el mandato de una justicia pronta y cumplida.
Un discurso que ha mantenido su sucesora y heredera política, Laura Fernández (2026-2030), en sus casi tres meses en la presidencia.
Con mayoría de 31 de los 57 diputados en el Congreso y con Chaves como ministro de Hacienda y Presidencia (Interior), el Gobierno anunció que para 2027 habrá un recorte del 5% en el presupuesto del Poder Judicial, argumentando que todas las instituciones del Estado deben "socarse (apretarse) la faja" para enfrentar las dificultades fiscales.
"El pueblo ya no come cuento. Lo que estamos solicitando es un ajuste. Que van a cerrar, que no van a tener gasolina, ya nadie les cree eso. Tienen salarios millonarios, tienen un fideicomiso y tienen año con año subejecuciones del presupuesto", manifestó la presidenta el pasado fin de semana en una actividad pública.
Las críticas del oficialismo al Poder Judicial se han mantenido en el Gobierno de Fernández a través de sus diputados en el Congreso, durante sus discursos públicos y en sus conferencias de prensa semanales, que suponen una especie de programa televisado de presentación de logros y con secciones dedicadas a desmentir a la prensa y a señalar lo que el Ejecutivo llama "pifias judiciales".
El caso del Diablo
El pasado viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía lograron el arresto de Alejandro Arias, alias Diablo, el narcotraficante más buscado del país en fuga desde hace diez años y buscado por Estados Unidos.
La captura volvió a encender la polémica entre el Poder Judicial, que aprovechó ese logro para resaltar su trabajo a pesar del recorte presupuestario anunciado; y el Gobierno, que felicitó a los agentes pero al mismo tiempo lanzó críticas.
"El Diablo andaba suelto y en fuga desde hace diez años por la alcahuetería del Poder Judicial", dijo la presidenta costarricense.
El Poder Judicial responde
"Se vienen haciendo operativos importantes para el combate a la criminalidad y se nos recortan los recursos para continuar con la parte operativa que tienen que ver con el pago de horas extras, combustible e implementos", expresó la presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
Y agregó: "Entonces es cuando se dice que de alguna manera ahogan al Poder Judicial para que no podamos hacer lo que nos corresponde: por una parte nos reclaman que no hacemos y que tardamos, y por otra parte nos quitan los recursos".
El lunes, la Fiscalía también se pronunció para rechazar los cuestionamientos "infundados" del Poder Ejecutivo que "debilitan la lucha contra el crimen organizado" y que "pretenden sembrar dudas sobre las actuaciones realizadas" en el caso de alias Diablo.
La presidenta Fernández y el expresidente y ministro Chaves cuestionaron el lunes que las autoridades hayan trasladado a Diablo desde la prisión hacia los tribunales con horas de antelación a la audiencia de medidas cautelares, en lugar de realizar la diligencia por medios virtuales.
"Lamentamos que, en lugar de respaldar el trabajo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir al crimen organizado, se promuevan especulaciones que únicamente generan desinformación, desconfianza ciudadana y un innecesario desgaste institucional. Quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada son precisamente quienes se benefician cuando el Poder Ejecutivo desacredita al Poder Judicial", expresó la Fiscalía.
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