Alcaldía revisará acuerdo de aceras tras revuelo por multas de $5 mil
Por ahora, la Alcaldía no ha anunciado que el Acuerdo 316 quede suspendido por lo que le plazo estipulado sigue corriendo.
El anuncio de multas de hasta $5,000 por incumplir las nuevas reglas para las aceras encendió las redes sociales y obligó a la Alcaldía de Panamá a salir a explicar el alcance del Acuerdo Municipal 316, que establece nuevas exigencias para propietarios de viviendas, edificios y locales comerciales.
Ante las críticas y dudas sobre cómo se aplicará la normativa, la Alcaldía anunció que revisará el acuerdo para evaluar las inquietudes planteadas por la ciudadanía.
David Tapia, director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, aseguró que la intención no es llenar las arcas municipales con sanciones, sino recuperar los espacios que deben utilizar los peatones.
"Nosotros realmente no buscamos multar, yo creo que eso quede claro. No es nuestro interés recoger dinero", manifestó Tapia.
El funcionario agregó que, si el propietario corrige las irregularidades señaladas, no se aplicará la multa correspondiente.
¿Qué exige el acuerdo municipal?
El Acuerdo 316, aprobado el 13 de octubre y publicado en la Gaceta Oficial el 30 de octubre de 2026, adopta la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público. No se limita a ordenar la reparación de aceras: también establece condiciones sobre accesos vehiculares, rampas, materiales, drenajes y obstáculos que puedan afectar el paso peatonal.
Entre las disposiciones que han generado mayor preocupación están:
- Aceras de 1.80 metros: deben mantener un ancho libre y continuo para el paso de peatones. En sitios donde las condiciones físicas lo impidan, se puede admitir excepcionalmente un mínimo de 1.50 metros.
- Obstáculos: deben eliminarse elementos que interrumpan la circulación, conforme al procedimiento establecido.
- Materiales: se prohíben azulejos, mosaicos, cerámicas y porcelanatos que no tengan propiedades antideslizantes.
- Entradas de garajes: las puertas cocheras deben respetar una distancia mínima de dos metros desde la línea de propiedad y no pueden invadir la franja de circulación peatonal.
- Rampas: se fijan límites de ancho y pendientes para evitar que los accesos vehiculares obstaculicen el tránsito.
- Otros elementos: se regulan la ubicación de tinaqueras, vegetación artificial, tanques de gas y descargas de agua sobre las aceras.
La normativa establece tres periodos para realizar las adecuaciones:
- 60 días: para corregir las condiciones consideradas prioritarias, como obstáculos, ancho mínimo de aceras y materiales inseguros.
- Seis meses: para ajustes relacionados con vados peatonales, puertas de garajes y ubicación de tinaqueras.
- Dos años: para adecuaciones integrales, como continuidad y nivelación de aceras, franjas podotáctiles y reubicación de infraestructura.
Multas de $5,000 por cada infracción
Uno de los puntos que provocó mayor reacción en redes sociales es el artículo 52, que incorpora una sanción de $5,000 por incumplir las obligaciones de adecuación contempladas en la guía.
El documento establece que las infracciones se sumarán y que la sanción puede acarrear la suspensión de la obra o actividad. Es decir, no se trata de una multa general de $5,000 por inmueble, sino de una sanción asociada a cada infracción.
También contempla un procedimiento de inspección: después de recibir la boleta correspondiente, el propietario dispone de cinco días hábiles para presentar los planos de las adecuaciones. Una vez aprobados, tendrá un mes para ejecutar los trabajos, con posibilidad de solicitar una prórroga por otro mes bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
Alcaldía evaluará excepciones
Tapia también señaló que los plazos de cumplimiento son de 60 días, seis meses y dos años, dependiendo del tipo de adecuación que corresponda.
Adelantó que se podrán evaluar situaciones particulares y posibles excepciones, tomando en cuenta las características de cada propiedad y las condiciones físicas del entorno.
La revisión anunciada busca aclarar las dudas que han surgido entre los ciudadanos, especialmente por los costos que podrían representar las adecuaciones para propietarios de viviendas antiguas y construcciones que ya fueron autorizadas bajo otras normas.
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