Alianza denuncia presiones a Iglesia para no continuar con diálogo
Marcos Serrano, miembro de la alianza, dijo que supuestamente los sectores empresariales, con el patrocinio del el Gobierno Nacional, están presionando a la Iglesia Católica para no seguir con la segunda etapa de este diálogo, con la finalidad de atender los problemas que afectan a la población.
Representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que participan en la Mesa Única del Diálogo por Panamá, denunciaron las últimas maniobras del Gobierno Nacional junto a los gremios empresariales que están haciendo a la Iglesia Católica, que sirve como mediador, con el objetivo de dilatar la continuación de esta segunda fase de las conversaciones.
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Marcos Serrano, miembro de la alianza, dijo que supuestamente los sectores empresariales, con el patrocinio del el Gobierno Nacional, están presionando a la Iglesia Católica para no seguir con la segunda etapa de este diálogo, con la finalidad de atender los problemas que afectan a la población como: canasta básica, gasolina, empleo, salud y educación.
"Exigimos darle seguimiento a los acuerdos pactados en esta primera fase del diálogo. Hay incumplimiento y cada día se reciben denuncias de que la canasta básica está más cara", afirmó el dirigente.
Indicó que este gobierno está sumido en ola de corrupción como es el caso de los auxilios económicos del Ifarhu, la educación anda mal y no quieren solucionar el problema de fondo de la Caja de Seguro Social (CSS).
Anunció que los trabajadores y el pueblo rechaza las intenciones de aumentar la edad de jubilación y quitarle derechos y beneficios al asegurado.
Serrano advirtió que frente a la situación de la Mesa Ünica del Diálogo por Panamá que no avanza, la situación de la CCS y el reclamo social y económico del pueblo panameño saldrán nuevamente a las calles para exigir respuesta.
La primera acción de calle será el próximo martes, 1 de noviembre, en la sede de la CSS, ubicada en Clayton, en horas del mediodía, donde "DIRÁN NO" a los cambios que se pretenden hacer a la ley orgánica de la institución en detrimento de la población asegurada.