AMP tilda de ‘falaces e injuriosas’ las acusaciones de PPC y Hutchinson
La AMP asegura que intentó una transición “ordenada y de buena fe” con PPC, pero sostiene que la empresa no cooperó, ocultó información y frenó cualquier coordinación para el traspaso.
La Autoridad Marítima de Panamá rechazó de forma enérgica las acusaciones que la empresa Panama Ports Company, S.A. y el Grupo Hutchison han hecho sobre el proceso legal que terminó con la nulidad del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La a institución estatal calificó las afirmaciones como “falaces e injuriosas” y defendió que todo responde a lo establecido tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El 29 de enero de 2026 declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, con la que se aprobó la concesión portuaria y sus extensiones.
Según la autoridad, esa decisión judicial es final, definitiva y de obligatorio cumplimiento, por lo que el Estado panameño estaba obligado a ejecutar el fallo sin margen de discusión.
Tras hacerse público el veredicto, la institución asegura que intentó una transición “ordenada y de buena fe” con PPC, pero sostiene que la empresa no cooperó, ocultó información y frenó cualquier coordinación para el traspaso.
En ese punto, el Estado decidió asumir temporalmente la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, argumentando su rol como propietario legítimo y amparándose en el artículo 29 de la Ley General de Puertos. La medida se presenta como una acción para garantizar la continuidad del servicio.
El Ejecutivo también emitió un decreto de ocupación, que según la versión oficial es un mecanismo excepcional y temporal, no una expropiación.
La Autoridad Marítima insiste en que no se trata de quitar propiedad, sino de una ocupación administrativa transitoria mientras se define el valor de los bienes.
La institución rechaza además las acusaciones de “confiscación” y “actos arbitrarios”, asegurando que todas las decisiones se han tomado dentro del marco constitucional y legal, y que la empresa siempre ha tenido garantizados sus derechos en Panamá.
En el proceso de toma de control, las autoridades también señalaron que encontraron deterioro en la infraestructura portuaria y condiciones que, según el informe oficial, se encuentran alejadas de los estándares internacionales de operación.
Mientras tanto, Panama Ports Company, S.A. ya activó un arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El Estado panameño asegura que ha participado y seguirá defendiendo su posición dentro de ese proceso.
La Autoridad Marítima dejó claro que estas diferencias no se resolverán en comunicados públicos, sino ante el tribunal arbitral, y anunció que no seguirá respondiendo a pronunciamientos de la empresa hasta que concluya el proceso.
Finalmente, el Estado reiteró su compromiso de mantener la operación segura y continua de los puertos, proteger la inversión nacional y extranjera, y actuar siempre bajo la Constitución, la ley y los compromisos internacionales.
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