APEDE analiza con ministros el futuro de Minera Panamá
La propuesta contempla una eventual operación limitada de la mina para generar recursos que permitan financiar su cierre, atender los arbitrajes y evitar que los costos recaigan sobre el Estado.
El futuro de Minera Panamá volvió a la mesa de discusión este miércoles, durante un encuentro entre los ministros que integran la Comisión Interministerial y más de 90 miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente, explicaron las recomendaciones que la Comisión entregó al presidente José Raúl Mulino sobre el futuro del sitio minero.
Las recomendaciones todavía no constituyen una decisión definitiva. Cualquier eventual acuerdo con la empresa deberá contar con la autorización del presidente.
No se plantea un nuevo contrato ley
La propuesta contempla evaluar una nueva relación con la empresa minera mediante un período de operación delimitado y sin prórrogas.
El objetivo sería generar recursos para financiar el cierre definitivo de la mina, el saneamiento ambiental y el sostenimiento del sitio, además de buscar una salida a los arbitrajes internacionales.
Moltó explicó que el mecanismo jurídico que eventualmente se utilice deberá respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la legislación vigente.
El ministro precisó que no se plantea un nuevo contrato ley ni una concesión minera.
La Comisión estableció además que cualquier alternativa debe evitar costos fiscales para los panameños, mantener la propiedad del Estado sobre los recursos minerales, garantizar transparencia y contar con supervisión independiente.
Cierre podría costar hasta $3,400 millones
Chapman explicó ante los empresarios la magnitud del costo que representaría para el país mantener el sitio sin una solución definitiva.
La estimación presentada por la Comisión ubica entre $2,600 millones y $3,400 millones el costo de sostenimiento y cierre durante un período de entre 17 y 19 años.
La propuesta del Gobierno busca que esos recursos sean generados mediante una eventual operación y no asumidos directamente por el Estado.
El plazo de una posible operación dependería, entre otros factores, del comportamiento del precio internacional del cobre.
Plantean fondo ambiental de $100 millones
Navarro señaló que la suspensión de las operaciones no significa que la mina esté técnicamente cerrada.
El sitio requiere trabajos permanentes relacionados con los tajos, relaves y manejo de aguas, por lo que planteó crear un fondo ambiental de $100 millones anuales, sujeto a los acuerdos que finalmente se adopten.
Los recursos estarían destinados a la protección de parques nacionales, biodiversidad y cuencas hidrográficas, además de la restauración de áreas degradadas y programas para las comunidades rurales.
APEDE pregunta por transparencia y beneficios
Durante la reunión, los miembros de APEDE cuestionaron a los ministros sobre la seguridad jurídica, la transparencia, el destino de los posibles ingresos y la continuidad de los compromisos ambientales y sociales.
Moltó sostuvo que cualquier beneficio para las comunidades cercanas debe traducirse en resultados concretos, especialmente en empleo, carreteras, electricidad y salud.
La Comisión también plantea reducir de manera significativa la huella ambiental del proyecto y establecer mecanismos de verificación independiente.
Mulino tiene la última palabra
La Comisión Interministerial entregó al presidente sus recomendaciones sobre el futuro de Cobre Panamá, pero todavía no existe una decisión sobre una eventual reapertura de operaciones.
La propuesta que ahora se discute plantea una operación temporal, sin prórroga, que permita generar los recursos para resolver los arbitrajes y financiar el cierre definitivo.
El siguiente paso dependerá de la decisión del presidente Mulino y de las conversaciones que puedan desarrollarse con la empresa.
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