Aprueban exoneraciones por sismo, cambios a contrataciones y millones para CSS
Las medidas abarcan desde los trámites vinculados a la recuperación de infraestructuras dañadas por el sismo hasta contratos de mantenimiento de helicóptero.
La posibilidad de exonerar tasas y contribuciones para reparar o reconstruir edificaciones afectadas por el terremoto del 9 de octubre figura entre las decisiones aprobadas por el Consejo de Gabinete de este martes 13 de octubre, que también dio luz verde a cambios en las contrataciones públicas y a nuevas asignaciones de recursos para instituciones estatales.
Las medidas abarcan desde los trámites vinculados a la recuperación de infraestructuras dañadas por el sismo hasta contratos de mantenimiento de helicópteros, licencias de programas informáticos, asesoría para el sistema de pensiones de los servidores públicos y la extensión de disposiciones relacionadas con la comercialización del café tostado.
Exoneraciones por daños del terremoto
Mediante el proyecto de Resolución de Gabinete No. 132-26, se instruyó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, al IDAAN y a los ministerios de Ambiente y Salud, además de otras entidades competentes, a realizar los trámites correspondientes para exonerar pagos de tasas u otras contribuciones.
La medida contempla las obras de reparación, reconstrucción, rehabilitación, reforzamiento y restablecimiento de edificaciones e infraestructuras públicas y privadas, vías de comunicación y otras obras afectadas directamente por el sismo del 9 de octubre de 2026.
La decisión se presenta como una medida complementaria a la declaratoria del estado de emergencia.
Aunque la disposición busca facilitar los trabajos de recuperación, el alcance de las exoneraciones dependerá de los trámites que realicen las instituciones competentes. La información suministrada no detalla cuáles tasas se eliminarán en cada caso ni establece un monto global de los beneficios.
Cambios a la Ley de Contrataciones Públicas
Otro de los puntos aprobados fue el proyecto de Ley 13-26, que modifica al menos 19 artículos de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en Panamá. La propuesta busca ajustar las reglas para las compras del Estado y los procedimientos para seleccionar contratistas.
Entre los cambios planteados figuran mayores requisitos para las empresas que participan en procesos de contratación, con mecanismos para identificar a sus accionistas y beneficiarios finales. También se modifican las causales de incapacidad legal para contratar con el Estado, con el propósito de evitar que se utilicen estructuras societarias para eludir restricciones.
La iniciativa incluye cambios en el trabajo de las comisiones evaluadoras y verificadoras, con énfasis en su profesionalización y objetividad.
Tienda Virtual y contratos excepcionales
La reforma también modifica el funcionamiento de la Tienda Virtual, al contemplar que las entidades puedan recurrir a otros procedimientos para adquirir bienes y servicios cuando existan alternativas más favorables para el Estado, siempre bajo las condiciones y autorizaciones correspondientes.
Otro aspecto es el restablecimiento del equilibrio económico en contratos cuya ejecución supere los 12 meses. La propuesta busca establecer condiciones más precisas para evitar modificaciones injustificadas de los acuerdos originales.
También se plantean ajustes a las prórrogas contractuales, a los procedimientos excepcionales de contratación y a los plazos para que las autoridades evalúen y aprueben esas solicitudes.
En cuanto a las impugnaciones y apelaciones ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, se incorporan disposiciones sobre los términos de admisión y resolución, los efectos suspensivos y las consecuencias de no responder dentro de los plazos previstos.
El proyecto contempla, además, cambios en los mecanismos de reclamo, los requisitos para presentarlos, las garantías económicas y las condiciones de participación en reuniones previas y de homologación.
La aprobación del Consejo de Gabinete corresponde al trámite del proyecto de ley; no significa, por sí sola, que las modificaciones ya estén vigentes.
$39.2 millones adicionales para la CSS
El Consejo de Gabinete también aprobó el proyecto de Resolución 126-26, que autoriza un crédito adicional suplementario de B/.39.2 millones para la Caja de Seguro Social (CSS).
Los recursos están destinados a cubrir gastos prioritarios de funcionamiento y mantener las operaciones de la institución hasta el cierre de la vigencia fiscal de 2026.
El dinero provendrá del saldo en caja y bancos, con fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá. Según la información oficial, la solicitud cuenta con opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y un informe favorable de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera.
Sin embargo, la aprobación del Gabinete no completa el trámite presupuestario. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó autorizado para presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que deberá considerar su aprobación y el registro correspondiente de ingresos y gastos.
MEF renovará licencias de Oracle por $3.3 millones
Otro contrato autorizado fue el de renovación de licencias de software y soporte técnico de los productos Oracle utilizados por el MEF.
Mediante el proyecto de Resolución 125-26, se aprobó la contratación por procedimiento excepcional con Redsoft Corp., por un monto de B/.3,348,896, durante un periodo de 24 meses. La suma no está sujeta al ITBMS, según la información suministrada.
La plataforma Oracle respalda sistemas utilizados por el Estado, entre ellos ISTMO, e-Tax 2.0, Factura Electrónica y SIGADE. Estos programas manejan información financiera, fiscal y patrimonial, por lo que requieren licencias vigentes, actualizaciones, parches de seguridad y soporte técnico.
La contratación se justifica, además, porque Redsoft Corp. fue identificada como canal autorizado en Panamá para gestionar la renovación de licencias y los servicios oficiales de soporte de Oracle. Esa condición sustenta el procedimiento por proveedor único, de acuerdo con la explicación de la resolución.
Hasta $300 mil para asesoría al SIACAP
El Consejo de Gabinete autorizó también, mediante el proyecto de Decreto 15-26, un segundo acuerdo de servicios de asesoría reembolsable para apoyar la implementación del programa Panamá SIACAP, en el que participan la República de Panamá, a través del MEF, el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El acuerdo contempla un monto de hasta $300,000 para continuar desarrollando el modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).
Entre los objetivos están establecer un ciclo de supervisión, completar herramientas de evaluación, crear sistemas de alertas tempranas y fortalecer el monitoreo de las inversiones.
La asesoría también incluye el diseño de un marco de inversiones, métricas de riesgo, una garantía mínima de rendimiento, la definición de un departamento de riesgos y la identificación de las necesidades de personal y tecnología.
Además, se prevé capacitar a los funcionarios del SIACAP, elaborar un manual de intervenciones escalonadas y preparar un plan de contingencia ante posibles terminaciones de contratos con los operadores del sistema.
El acuerdo da continuidad a una primera etapa desarrollada en 2025, que evaluó las actividades necesarias para implementar el modelo de supervisión.
Mantenimiento de helicópteros: más de $4.8 millones en adendas
El Gabinete aprobó dos adendas relacionadas con el mantenimiento de helicópteros utilizados en operaciones de seguridad, rescate, evacuaciones médicas y traslado de ayuda humanitaria.
La primera, correspondiente al proyecto de Resolución 123-26, autoriza una adenda por B/.1,085,125.89 al contrato de mantenimiento de los helicópteros AW139M con matrículas AN-145 y AN-146, propiedad del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
La modificación responde a hallazgos técnicos detectados durante las inspecciones de las aeronaves que requerían trabajos correctivos. Según la información presentada, las reparaciones eran necesarias para garantizar la seguridad operacional y mantener la capacidad de vuelo.
Adenda de $3.8 millones para otros helicópteros
La segunda medida, contenida en el proyecto de Resolución 124-26, autoriza una adenda al contrato entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Panamá Heliports Designer para el mantenimiento de los helicópteros AW139 con matrículas AN-139 y AN-142.
El monto de esta adenda asciende a B/.3,807,250.29, incluido el ITBMS, y eleva el valor total del contrato original a B/.9,591,093.15.
Además, se agregan 886 días calendario al contrato, cuya vigencia queda establecida en 1,226 días.
Los trabajos incluyen inspecciones programadas por el fabricante para aeronaves con ocho años de uso. Estos helicópteros se emplean en misiones de seguridad ciudadana y nacional, transporte de carga y pasajeros, ayuda humanitaria, evacuaciones aeromédicas y apoyo a las labores de extinción de incendios forestales.
Concesión de cable submarino por 20 años
Otra de las decisiones autoriza al MEF, en representación de la Nación, a suscribir un contrato de concesión administrativa con Trans Ocean Submarine Cable Corp. para instalar, operar y mantener el sistema de cable submarino Trans Ocean One en Panamá durante 20 años.
El proyecto de Resolución 129-26 fija el valor total estimado de la concesión en B/.1,224,372.
La empresa propone instalar una ramificación de 16 pares de fibra óptica para conectar María Chiquita, en Panamá, con República Dominicana, así como la ciudad de Panamá con Las Brisas de Santo Domingo, en Chile, según la información suministrada.
El contrato contempla un canon de arrendamiento mensual de B/.5,101.55, equivalente a B/.61,218.60 al año.
La concesión busca ampliar la conectividad internacional mediante infraestructura de fibra óptica submarina. La información presentada no precisa la fecha prevista para el inicio de la instalación ni el calendario de ejecución del proyecto.
Prorrogan por seis meses medidas para el café tostado
El Consejo de Gabinete aprobó extender por seis meses las medidas relacionadas con la comercialización del café tostado, mediante el proyecto de Decreto 14-26.
La decisión modifica el periodo de vigencia del Decreto de Gabinete No. 5 del 30 de marzo de 2021, que establece controles temporales para la comercialización de este producto.
La prórroga se solicitó después de una evaluación realizada el 20 de agosto de 2026 por la Cadena Agroalimentaria de Café, en la que participaron representantes de los productores, la industria procesadora y el Gobierno.
La extensión busca mantener las medidas mientras los sectores involucrados realizan una nueva revisión de las condiciones del mercado y de la protección a la industria nacional.
La normativa había vencido el 6 de octubre de 2026. Sus últimas extensiones se habían aprobado en octubre de 2025 y abril de 2026, por lo que la decisión mantiene una política que se ha prorrogado de manera continua desde 2021.
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