Asamblea Nacional abre convocatoria para nuevo Defensor del Pueblo de Panamá
La Comisión de Gobierno inicia la recepción de documentos para el quinquenio 2026-2031. Conoce el calendario oficial, los requisitos constitucionales y dónde entregar tu postulación.
La Asamblea Nacional de Panamá ha dado el primer paso oficial para la renovación de una de las figuras más críticas en la protección de los derechos ciudadanos. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, bajo la dirección del diputado Luis Eduardo Camacho Castro, anunció la apertura del proceso de selección para el próximo Defensor o Defensora del Pueblo para el período 2026-2031.
Este proceso busca atraer a profesionales comprometidos con la justicia social y la transparencia institucional. La persona que resulte electa por el pleno legislativo tendrá la responsabilidad de liderar la Defensoría del Pueblo de Panamá durante el próximo quinquenio, actuando como el principal fiscalizador de la gestión pública frente a los derechos humanos.
¿Cuándo y dónde postularse?
El calendario establecido por el Legislativo es estricto y corto. Los ciudadanos interesados deberán acudir personalmente a la sede de la Comisión, ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea Nacional, en los siguientes días:
Fechas: 18, 19 y 20 de marzo de 2026.
Horario: De 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Requisitos legales para los aspirantes
Para que una candidatura sea admitida, el perfil del aspirante debe alinearse estrictamente con el artículo 130 de la Constitución Política. Entre la documentación obligatoria que los candidatos deben consignar, se encuentran:
Carta de postulación formal.
Certificado de nacimiento original (Tribunal Electoral).
Copia autenticada de la cédula de identidad.
Certificación de pleno goce de derechos civiles y políticos.
Récord de antecedentes penales actualizado.
Hoja de vida detallada.
Declaración notarial bajo juramento que confirme la ausencia de limitaciones legales para ejercer el cargo.
Este proceso de selección se perfila como uno de los eventos políticos más relevantes del primer trimestre del año, marcando la pauta de la agenda legislativa en materia de derechos humanos en Panamá.
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