Cámara Minera de Panamá defiende legalidad del contrato
El contrato de extracción tiene su fundamento legal en la obligación del Estado de otorgar una concesión de extracción una vez que la empresa realizó la exploración del yacimiento.
En un comunicado oficial, la Cámara Minera de Panamá se pronunció en defensa del contrato de Cobre Panamá, argumentando que no requería licitación y que su importancia para la economía del país es innegable.
La cronología de los hechos presentada por la Cámara Minera es la siguiente:
Inicios: Primera Concesión Minera de Exploración
En 1967-1969, se descubrió el yacimiento de Cerro Petaquilla a través de un programa de exploración del Gobierno de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
En 1969, se emitió un Decreto Ejecutivo (267 de 1969) que llamaba a una licitación internacional para otorgar el proyecto de Cerro Petaquilla, siguiendo el Código de Recursos Minerales en su Artículo 32.
En 1973, la concesión fue adjudicada a un consorcio japonés liderado por Mitsui Mining, que realizó trabajos de exploración.
En 1977-1980, Mitsui Mining devolvió la concesión al Estado panameño al no encontrar resultados positivos en sus trabajos de exploración, lo que llevó a la declaración del área como Área de Reserva.
Nueva Concesión Minera de Exploración y Explotación
En 1991, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) levantó el Área de Reserva y otorgó la Concesión de Exploración a la empresa Georecursos Internacional SA por 4 años.
En 1995, la empresa Minera Petaquilla SA adquirió los derechos de exploración y solicitó la Concesión de Extracción, que fue aprobada por el Órgano Ejecutivo, basándose en el Código de Minero.
En 1997, el contrato de extracción fue elevado a la categoría de ley mediante la Ley 9 de 1997.
En 2007, los derechos de extracción del yacimiento de oro Molejón fueron cedidos a la empresa Petaquilla Gold S.A.
La construcción de la Mina Cobre Panamá comenzó en 2011.
En 2016, el contrato de Minera Panamá SA (anteriormente Minera Petaquilla SA) fue prorrogado por 20 años.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, alegando que la concesión debía haberse licitado según el Decreto 267 de 1969.
La situación actual se caracteriza por la aprobación de un nuevo contrato administrativo por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional a través de la Ley 406 de octubre/2023, con un término prorrogable. Sin embargo, en noviembre de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 407, que establece una moratoria indefinida en el otorgamiento y prohíbe la renovación o prórroga de concesiones mineras metálicas, alegando nuevamente la falta de licitación.
La Cámara Minera de Panamá destaca varios puntos clave en su comunicado:
El contrato de extracción tiene su fundamento legal en la obligación del Estado de otorgar una concesión de extracción una vez que la empresa realizó la exploración del yacimiento.
La omisión de lo ocurrido entre 1973 y 1991 es evidencia de falta de estabilidad jurídica y trato justo y equitativo.
La Ley 22 de 2006 excluye la aplicación de la Contratación Pública en contratos regulados por leyes especiales como el Código Minero.
El Principio de Estoppel en el derecho internacional establece que el Estado no puede contradecir sus propias decisiones.
La Mina de Cobre junto con el Canal de Panamá son pilares fundamentales de la economía del país.