Cámara Minera pide a Mulino decidir el futuro de la mina de Donoso
Hizo un llamado al Gobierno para que tome una decisión en un plazo razonable, al señalar que la incertidumbre también afecta a las comunidades vinculadas a la actividad minera.
La Cámara Minera de Panamá pidió al gobierno del presidente José Raúl Mulino definir el futuro de la mina de cobre de Donoso, luego de conocerse los resultados de la auditoría técnica, ambiental y socioeconómica entregada a la comisión ministerial encargada de evaluar el proyecto.
El presidente del gremio, Severo Sousa, afirmó que la auditoría no representa un fallo definitivo, sino un insumo técnico para que el Ejecutivo tome una decisión sustentada.
Explicó en TVN-2 que el estudio, elaborado por una firma internacional bajo términos de referencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, analizó 370 componentes y reflejó un cumplimiento cercano al 87% de los aspectos evaluados.
Sousa señaló que el informe concluye que no se detectó contaminación por cianuro ni mercurio en el agua, aunque reconoce observaciones relacionadas con el monitoreo ambiental y la necesidad de reforzar algunos controles, especialmente después de que la mina permaneciera paralizada durante dos años.
Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, recordó que la sentencia declaró inconstitucional un contrato específico, pero sostuvo que, a su juicio, existen otros mecanismos legales que permitirían al Estado definir el futuro del proyecto. Agregó que el propio fallo también hace énfasis en la protección ambiental, un aspecto que considera indispensable atender.
El dirigente minero también reconoció que Panamá necesita fortalecer su capacidad de fiscalización para supervisar una operación de esta magnitud. A su juicio, cualquier modelo que se adopte en el futuro debe estar acompañado de instituciones con mayores recursos técnicos y capacidad de control.
En cuanto a la administración del proyecto, Sousa planteó que el país podría evaluar alguna forma de participación estatal, aunque advirtió que esa posibilidad debe analizarse con responsabilidad y considerando el impacto financiero que implicaría.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para que tome una decisión en un plazo razonable, al señalar que la incertidumbre también afecta a las comunidades vinculadas a la actividad minera y a sectores de la economía que dependen de este proyecto.
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