Cámara pide revisar ayudas sociales y a pagar las facturas eléctricas
La Cámara de Comercio de Panamá pidió al gobierno revisar los subsidios y la asistencia social que otorga el gobierno, al tiempo que urgió a la administración Cortizo a pagar los servicios que brindan las distribuidoras de energía eléctrica y a recortar sus gastos de funcionamiento.
"En más de una ocasión la Cámara de Comercio ha insistido que tanto los subsidios como las medidas de asistencia social deben ser dimensionadas y revisadas en el tiempo para poder determinar y evaluar su efectividad y su impacto", señala el gremio.
Explican que producto del confinamiento por el Covid-19, se dictó una moratoria sobre los servicios públicos, que si bien ayudó a distintos sectores, también ha afectado el flujo de las distribuidoras de electricidad, que han cargado con todo el peso de la moratoria sin un inexplicable apoyo del gobierno.
Conociendo del impacto que crea la moratoria en las empresas y pese a la obtención de financiamientos en los mercados internacionales, la administración gubernamental no ha dado prioridad al reembolso del subsidio energético existente que les corresponde; al tiempo que, persiste el retraso en el pago del servicio de energía eléctrica de las instituciones públicas, profundizando el problema, sostuvo el gremio.
Según la Cámara, la situación resulta altamente peligrosa para el país, dado que se ha llegado al punto en que las distribuidoras de energía están ante un riesgo inminente de incumplir con sus obligaciones de pago con las empresas generadoras.
Estamos frente a una ruptura de la cadena de pago del sistema, con las implicaciones que eso conlleva para todas las empresas que mantienen estructuras de financiamiento internacionales, sujetas a la revisión de las calificadoras de riesgo que apenas hace un mes lanzaron advertencias sobre el riesgo país.
A todo eso -agrega la Cámara- se le puede sumar el retiro del sistema de varios generadores pequeños por falta de contratos, arriesgando la confiabilidad del sistema energético de Panamá a corto plazo, lo que significa vulnerabilidad para la ciudadanía en general.
Para la dirigencia de los comerciantes, es difícil entender el actuar de las autoridades frente a la situación de las empresas de servicios públicos más aun siendo el Estado accionista de muchas de ellas. El Gobierno Nacional y sus funcionarios al más alto nivel, tienen que tomar responsabilidad sobre la situación y hacer los ajustes necesarios para que los alivios lleguen a los que realmente están afectados y crear condiciones de estabilidad para el sector.
Además sostiene que como país hemos acudido a un endeudamiento histórico y esperan que estos fondos sean canalizados con prioridad hacia las necesidades estructurales y no a gastos de funcionamiento no esenciales, los cuales deben revisarse y reducirse cuanto antes.
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