Caso New Business debió cerrarse por el tratado de extradición
Juristas afirman que el proceso contra Martinelli debió anularse por tratados internacionales, mientras denuncian un trasfondo político en los casos New Business y Odebrecht.
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli afirmó que la sentencia en el caso New Business carece de sustento legal, al considerar que el proceso quedó invalidado por el principio de especialidad, tras su extradición desde Estados Unidos.
El abogado Roniel Ortiz explicó que el exmandatario únicamente podía ser juzgado por la causa que motivó su traslado, por lo que el resto de las investigaciones debieron cerrarse. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que —según la defensa— vulnera tratados internacionales.
“Todos los procesos debieron cerrarse; New Business tenía que quedar invalidado por el tratado, al igual que el caso Odebrecht”, sostuvo Ortiz.
Por su parte, el jurista Alejandro Pérez señaló que el proceso presenta un claro trasfondo político, al insistirse en una supuesta culpabilidad sin pruebas contundentes ni un adecuado contrainterrogatorio.
Pérez indicó que en el caso Odebrecht ocurre una situación similar, pese a que las investigaciones abarcan el período 2010-2014, mientras que a Martinelli se le cuestiona por donaciones de campaña anteriores.
Según la defensa y el Tribunal Electoral, estos aportes estaban destinados a medios de comunicación y no a cuentas personales del exmandatario.
“Se trataba de donaciones para la campaña de 2009, no de un esquema para beneficio personal”, precisó.
El abogado cuestionó que estos aportes sean utilizados como prueba para condenar, en lugar de sustentar la inocencia del exgobernante.
Además, expresó que se espera que la jueza Baloisa Marquínez emita un fallo en derecho y declare la inocencia de Martinelli. De lo contrario, advirtió que se trataría de una condena política orientada a inhabilitarlo.
Finalmente, la defensa anunció que agotará todas las instancias nacionales e internacionales para demostrar la inocencia del exmandatario y exigir el respeto a sus derechos fundamentales.
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