CCIAP pide proteger las finanzas públicas en decisión sobre Cobre Panamá
El pronunciamiento surge luego de que, el pasado 30 de septiembre, la Comisión Interministerial entregara al presidente de la República su informe final sobre el sitio minero ubicado en Donoso
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que la recomendación de la Comisión Interministerial sobre el futuro de Cobre Panamá representa una ruta “balanceada”, aunque advierte que cualquier decisión deberá estar sustentada en seguridad jurídica, protección ambiental, transparencia y garantías de que los costos no recaigan sobre el Estado panameño.
El pronunciamiento surge luego de que, el pasado 30 de septiembre, la Comisión Interministerial entregara al presidente de la República su informe final sobre el sitio minero ubicado en Donoso, tras casi tres años de incertidumbre desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato de concesión.
El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, señaló que el gremio ha mantenido una posición consistente en cuanto a la necesidad de atender la situación de la mina con responsabilidad técnica y ambiental, además de contar con información independiente y transparencia antes de adoptar una decisión definitiva.
Según la recomendación presentada al Ejecutivo, se plantea evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y avanzar hacia una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado y autofinanciado, sin prórroga y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Barría Pino sostuvo que esta alternativa no supone necesariamente regresar al modelo anterior de operación, pero tampoco desconoce las consecuencias económicas, sociales, jurídicas y ambientales que implicaría mantener indefinidamente el sitio minero en su condición actual.
Uno de los principales elementos señalados por la Cámara son los costos asociados al cierre. El informe estima que un cierre sin acuerdo podría representar entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un período de 17 a 19 años.
A esto se suman reclamaciones en procesos arbitrales por al menos US$27,000 millones, montos que, según la Cámara, no han sido reconocidos ni adjudicados contra Panamá.
“Estas cifras no determinan el camino, pero sí sus implicaciones”, planteó Barría Pino, al advertir que trasladar estos costos al Estado podría comprometer recursos destinados a áreas como educación, salud e infraestructura.
Para la CCIAP, la alternativa planteada podría permitir evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes y ordenar la transición. Sin embargo, el gremio considera necesario establecer una base jurídica sólida, una fecha definitiva de cierre, recursos protegidos para financiarlo y mecanismos de fiscalización rigurosos e independientes.
Antes de respaldar una decisión definitiva, la Cámara considera que deben aclararse aspectos relacionados con la figura jurídica del acuerdo, su compatibilidad con el fallo de la Corte Suprema y la Ley 407, el régimen fiscal, la participación del Estado, el alcance de cualquier eventual operación, las garantías de cierre y la terminación de los arbitrajes.
También pidió que el proceso contemple oportunidades para las comunidades directamente impactadas, los trabajadores y las empresas panameñas, además del fortalecimiento de las capacidades de los municipios involucrados.
Barría Pino enfatizó que la transparencia debe estar presente durante todo el proceso, desde el mandato para una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada una de las etapas.
La CCIAP reiteró que cualquier salida debe cumplir cinco principios: respeto al fallo y al ordenamiento jurídico, protección ambiental verificable, un cierre sin costo para el Estado y los panameños, transparencia y metas claras, además de priorizar a las comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente impactadas.
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