Choque legal: Ambientalistas denuncian; Puerto Barú defiende secuestro
Las organizaciones advirtieron que el secuestro preventivo afecta directamente su funcionamiento. Por su parte, la empresa reclama afectaciones a su imagen.
El conflicto alrededor del proyecto Puerto Barú en David escaló al plano legal. La empresa Ocean Pacific Financial Services, promotora del puerto, inició un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá.
Las ambientalistas explican que no se trata de una sentencia ni de una sanción, sino de una medida cautelar que busca asegurar bienes ante una eventual demanda civil futura.
Las organizaciones advirtieron que el secuestro preventivo afecta directamente su funcionamiento, al limitar el uso de fondos para gastos administrativos, pago de salarios y compromisos laborales.
En el caso de CIAM, señalaron que la medida pone en riesgo la asistencia legal gratuita que brindan a comunidades vulnerables y a grupos que solicitan acompañamiento jurídico.
Por su parte, Adopta Bosque Panamá alertó que se ve comprometida la gestión de cuatro fincas de conservación en Chiriquí y Darién, destinadas a educación ambiental e investigación científica, donde aseguran se han identificado 74 nuevas especies para la ciencia.
Desde la otra orilla, José María Castillo, representante legal del proyecto, aseguró que los señalamientos hechos por CIAM y Adopta Bosque Panamá están alejados de la verdad técnica y científica, y que han causado un daño directo a la imagen del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional.
Dijo que en varias ocasiones se les pidió sustentar sus afirmaciones con documentos técnicos, pero que nunca presentaron respaldo científico alguno.
El abogado afirmó que las acciones no se hicieron a título personal, sino contra las organizaciones, para evitar personalizar el conflicto.
Según explicó, se trata de una medida legal preventiva, ante la continuidad de declaraciones que —a su juicio— afectan un emprendimiento de inversión privada con impactos económicos para la región.
Castillo también afirmó que se les dio espacio a estas organizaciones para dialogar, incluso a través de redes sociales, con la intención de llegar a verdades científicas comprobables, pero sostuvo que ese acercamiento no ha sido posible hasta ahora.
“Todos los panameños, sin excepción, sean ambientalistas, religiosos o luchadores sociales, tienen la obligación de ser responsables de lo que dicen”, señaló.
El proceso se da en medio de un debate público sostenido sobre el proyecto portuario.
CIAM y Adopta Bosque Panamá forman parte de una coalición de más de 60 organizaciones que han solicitado la reubicación de Puerto Barú, tras estudios técnicos que advierten posibles impactos sobre los Manglares de David, un ecosistema protegido por ley desde 2007.
Las organizaciones también recordaron que en agosto de 2025 los promotores del proyecto presentaron querellas penales por presuntos delitos contra el honor y la seguridad económica, las cuales no prosperaron en esa etapa. En esta ocasión, el caso avanza por la vía civil.
Durante la conferencia, Lilian González Guevara, vocera de CIAM y Adopta Bosque Panamá, aseguró que continuarán participando en los procesos legales y en el debate público sobre protección ambiental y desarrollo portuario.
Etiquetas