Contraloría ha emitido más de 40 órdenes de incautación tras resolución

El contralor Anel Flores y el magistrado del Tribunal de Cuentas de Panamá, Rainier del Rosario Franco, salieron a defender la Resolución No. 12-3126, que faculta a la Contraloría General de la República a ordenar incautaciones de bienes y aplicar medidas precautorias.

Tanto Del Rosario como Flores señalaron que la medida es legal y necesaria para acelerar la recuperación del patrimonio público.

De acuerdo con la Contraloría, desde su aplicación, se han emitido más de 40 órdenes de incautación, logrando asegurar bienes por un valor superior a B/.24 millones, mientras que las irregularidades detectadas en los procesos auditados ascienden a más de B/.57 millones.

Flores subrayó que uno de los principales desafíos históricos en la recuperación del patrimonio estatal ha sido el retraso entre la investigación y la adopción de medidas cautelares, que en promedio ha alcanzado los cuatro años.

“Existen condenas que superan los B/.70 millones, pero hasta ahora solo se han podido asegurar cerca de B/.20 millones, porque muchos bienes ya no están disponibles al momento de dictar las medidas”, explicó.

Además, destacó que el nuevo marco busca actuar con rapidez y dentro de la ley, garantizando siempre el debido proceso y la protección efectiva de los recursos públicos.

Sobre las preocupaciones sobre el posible impacto en las incautaciones en la inversión, dijo que el propósito es fortalecer la transparencia y el clima de confianza.

“El mensaje para las inversionistas es de tranquilidad. Si los negocios se hacen bien, no hay nada que temer”, sentenció.