Conversaciones del caso pinchazos pudieron ser bajadas de YouTube
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli plantea que si las conversaciones telefónicas de los querellantes en el caso pinchazos estaban en YouTube, el Consejo de Seguridad Nacional, pudo bajarlas y meterlas en una computadora para inculpar al exgobernante.
Alfredo Vallarino, miembro del equipo defensor, indicó que en el juicio ha quedado demostrado que varias de las conversaciones de los querellantes eran públicas en YouTube y que cualquiera podía tener acceso a ellas.
A juicio del también presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, los testimonios de los testigos de la fiscalía en este caso han sido provechosos para la defensa por todas las inconsistencias presentadas.
Citó como ejemplo que el querellante Mitchell Doens declaró que desconoce de dónde salió cada archivo y cada audio que se le presentó.
Además, Doens reconoció que las grabaciones de sus conversaciones estaban en YouTube, “es decir que cualquier persona pudo haberlas agarrado y ponerlas allí”.
El perredista y exministro de Trabajo también admitió que era posible que algunas de las personas con las cuales habló y cuyas grabaciones se ventilan en el juicio, podrían estar judicializadas.
El abogado recordó que el testigo protegido declaró en el juicio que cree que por el año 2010 una conversación de Mitchell Doens fue judicializada y realizada en la sala de escuchas.
Destacó que Doens estuvo vinculado a protestas públicas que afectaron el orden público y que estuvo en una reunión donde se habló de “levantarse a tiros contra el Gobierno”.
“Doens no sabía de qué número hablaba con la otra persona y no sabía si era de un teléfono público y es posible que la otra persona estuviera judicializada”.
Precisó que las conversaciones de Doens tuvieron su origen en la provincia de Veraguas y allá las interceptaciones las ordenaba el Sistema Penal Acusatorio y no lo Corte Suprema de Justicia.
“Las declaraciones dadas no incomodan a la teoría de la defensa, porque cuando se le preguntó si habían verificado la prueba documental, pero nadie la ha preguntado a la Corte Suprema si mandó a judicializar los correos (que se revisan en el juicio”, dijo.
Enfatizó que además ha quedado claro que el tema tratado en las conversaciones no es político, sino de orden público, “es decir había conversaciones que hablaban de levantarse a tiros contra el Gobierno o cierre de calles en donde hubo heridos”.
Afirmó que de haberse dado una vigilancia, que no ha quedado acreditada, se justificaba porque eran temas de orden público.
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