Desalojos, arrestos, puños y patadas en Barro Blanco
Indígenas ngäbes y buglés denunciaron que fueron desalojados por la policía del área donde protestaban contra las pruebas de embalses del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Ricardo Miranda, dirigente del movimiento M-10, denunció que más de 60 activistas indígenas fueron desalojados y retenidos por agentes policiales durante las protestas contra el anunciado inicio de pruebas de funcionamiento del proyecto energético.
Toribio García, del Movimiento 22 de Septiembre, y Bernardo Jiménez, miembro de la Iglesia Mama Tadta, fueron esposados y trasladados la tarde de ayer desde el proyecto Barro Blanco hasta la estación policial en Tolé, lo que desencadenó la furia del resto de los indígenas que se mantenían apostados a la entrada del proyecto.
Además se intentó retener a Clementina Pérez y Carmencita Tedman, sin embargo, la intervención de la Defensoría del Pueblo no permitió que se dieran más arrestos en el lugar, esto debido a que el grupo indígena ingresó al proyecto para mostrar cómo la policía destruyó el campamento y algunos ranchos de los ngäbes y buglés.
Al menos un grupo de unos 30 ngäbes se mantenían junto a estos dirigentes cuando se dieron los arrestos, lo que desató una serie de enfrentamientos con los uniformados.
Patadas, puños y hasta palos se dejaron ver durante los enfrentamientos en la entrada del proyecto.
Ricardo Miranda manifestó que ya tienen conocimiento de que se ha ordenado detención en contra de Manolo Miranda, Clementina Pérez, Toribio García y su persona.
Clementina Pérez señaló que la empresa hidroeléctrica tiene un complot con el Gobierno para acabar con las familias que viven en el lugar con el único objetivo de poner en funcionamiento un proyecto que se convierte en la muerte de la población.
A partir de las 11:00 a.m., otro grupo de indígenas atravesó sendos troncos en la carretera que va de Almirante, en Bocas del Toro, a la altura de Gualaquita, en Chiriquí Grande, lo que impidió que cientos de usuarios continuaran su camino.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos informó que el llenado de la hidroeléctrica es de carácter temporal y permitirá realizar las pruebas necesarias para examinar los elementos que componen la central.
En tanto, el presidente Juan Carlos Varela aseguró el martes que su gobierno mantiene un diálogo permanente y rechazó que indígenas fueran trasladados de manera violenta en la víspera desde campamentos, como informaron versiones en redes sociales.
Varela dijo que un "fue algo totalmente cívico, con diálogo". "Lo que se está haciendo es protegiendo a los ciudadanos porque al hacerse estas pruebas, los niveles del lago van a subir y no queremos que nadie esté en riesgo", sostuvo.
El Colectivo Voces Ecológicas, una organización de derechos humanos y ambientales, dijo que unos 65 indígenas fueron "desalojados de manera forzada" cerca de las márgenes del río Tabasará.
La policía aclaró en un comunicado que unidades trasladaron a niños, adultos y ancianos desde los campamentos ubicados en los alrededores del río Tabasará hasta el Centro Misionero Jesús Obrero, en el distrito de Tolé, para "garantizar su seguridad en las áreas donde se realizarán las pruebas".
El presidente también aseguró que la hidroeléctrica "no va a entrar en operación mientras no concluya el diálogo con los pueblos originarios".