Diputados evalúan hoy ley contra abandono de obras
Un proyecto de ley que busca sancionar con mayor severidad la paralización, abandono y deterioro de obras públicas será analizado este lunes 23 de marzo en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá.
La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley No. 276, fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado y propone adicionar varios artículos al Código Penal para castigar conductas de servidores públicos que, por acción u omisión, provoquen pérdidas al Estado mediante obras inconclusas o deterioradas.
De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto parte de la necesidad de reforzar la probidad y responsabilidad en la gestión pública, ante casos donde hospitales, escuelas, carreteras y otros proyectos financiados con fondos estatales quedan abandonados o se deterioran, afectando directamente a la población y generando perjuicios económicos al erario.
La propuesta establece sanciones que van desde 3 hasta 8 años de prisión para funcionarios que, teniendo recursos disponibles, permitan el abandono o destrucción de obras, dependiendo de la cuantía del daño. En casos de negligencia, las penas oscilarían entre 1 y 3 años.
Uno de los aspectos más severos del proyecto contempla penas de 12 a 15 años de prisión para servidores públicos que incurran en una “manifiesta inobservancia” del deber de supervisión, cuando esto derive en la paralización, encarecimiento o deterioro de obras financiadas con fondos públicos. Estas penas podrían aumentar si las pérdidas superan los 10 millones de balboas.
Asimismo, la iniciativa incluye disposiciones que eximen de responsabilidad penal cuando los daños sean producto de caso fortuito o fuerza mayor, y contempla sanciones alternativas en casos de culpa, como multas o arrestos de fines de semana.
El documento también señala que esta propuesta retoma un anteproyecto similar presentado en un periodo legislativo anterior, destacando la necesidad de tipificar estas conductas como delitos ante el impacto social y económico que generan.
El proyecto se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, donde será evaluado por los diputados antes de su eventual discusión en el pleno legislativo.