Elaborarán plan de ordenamiento territorial para Panamá Oeste
Una vez culminada la elaboración de los planes, estos deberán ser aprobados o modificados por las juntas de planificación municipal de cada distrito, puntualizó el viceministro Batista. No obstante, de los tres
Los planes de ordenamiento territorial a desarrollarse para los distritos de La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, deberán tener una proyección de las necesidades de infraestructura física para los próximos 10 años.
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La ejecución de ambos planes, además de un documento que contenga la visión del desarrollo urbanístico del distrito de Capira para la próxima década, tendrán un costo de $600 mil, reveló José Batista. Viceministro de Ordenamiento Territorial.
La firma Sosa Arquitectos, quien ganó la licitación para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, tendrá un plazo de 10 meses a partir de la entrega de la orden de proceder para la entrega de los documentos.
A través de estos planes de ordenamiento territorial se definirán los territorios rurales y dentro de estos aquellos con uso agrícola, turístico y pecuario; además de establecer las áreas urbanas y dentro de estas los usos de suelo para viviendas, comercial, industrial e institucional.
Otro de los puntos a definirse serán las necesidades de infraestructura física (carreteras, alcantarillados, electricidad) y social (escuelas, hospitales, centro de salud).
Una vez culminada la elaboración de los planes, estos deberán ser aprobados o modificados por las juntas de planificación municipal de cada distrito, puntualizó el viceministro Batista.
No obstante, de los tres distritos, solo el municipio de Arraiján cuenta con una junta de planificación constituida, en tanto que en el municipio de La Chorrera aún está en fase de conformación.
Batista, dijo haber abordado el tema con el alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, a fin de que antes de 10 meses se elijan a los miembros de esta junta.
Los planes de ordenamiento territorial permitirán además decidir entre reubicar a las familias que viven en asentamientos informales o regularizar su estatus en las tierras que ocupan.
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