En medio de pelea Asamblea-Varela, contralor revela auditoría a diputados
Tras tener engavetados durante más de un año una serie de auditorías a diputados, y en medio de un encontronazo entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, el contralor Federico Humbert presentó ayer los resultados de este trabajo en una conferencia de prensa a la cual llegó acompañado de decenas de sus funcionarios, pero sin mencionar el nombre de ningún "padre de la patria" involucrado en supuestas irregularidades en manejo de fondos públicos.
Más de $20 millones sin ninguna constancia sobre su destino, $50 millones en transacciones sin factura fiscal, facturas falsas, documentos alterados, casos masivos de división de materia (como empresas y personas que recibían a diario cheques de $15 mil para sumar cientos de cheques), y facturas con fecha de presentación anterior a la fecha de la factura impresa para consignar el mismo documento, están entre las más graves irregularidades supuestamente cometidas.
Unas 233 cajas con 186 auditorías a juntas comunales y municipios que manejaron $319.1 millones, trabajo que fue calificado por Humbert como "la mayor auditoría de la historia del país", fueron entregadas al Ministerio Público horas antes de la conferencia de prensa. También esta data será remitida al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Ingresos.
De todos los partidos
Las auditorías que se iniciaron a petición de la exprocuradora Ana Belfon dan cuenta que se repartieron de $247 millones entre "casi la totalidad de los diputados", desglosados de la siguiente forma: 34 diputados de Cambio Democrático ($158.8 millones); 7 diputados del Molinera ($36.2 millones); 18 diputados del PRD ($34.7 millones); 10 diputados panameñistas ($17.1 millones), y 1 diputado del Partido Popular ($492 mil).
Las auditorías involucraron también a las juntas comunales y municipios de todo el país. Algunas de estas instituciones -según Humbert- participaron activamente en el esquema de reparto de fondos, fuera de los controles de la Contraloría, y en ocasiones con falta absoluta de transparencia, al no haber ni siquiera constancia del uso de hasta $20 millones.
"En Panamá Oeste auditamos 32 juntas comunales y municipios; 29 juntas comunales en la provincia de Panamá; 26 juntas comunales de la provincia de Chiriquí, y 24 de la provincia de Veraguas, entre otras", dijo el contralor.
El botín era de $319 millones
Humbert dijo que 161 auditores investigaron un total de $319 millones de fondos de la Asamblea, examinando más de 1 millón 473 mil documentos, y verificando 294 mil 626 transacciones contables registradas únicamente entre los años 2009 y 2014, pero nada en el actual quinquenio.
"Se determinó que los fondos eran asignados a los diputados por el MEF, y luego consignados en la junta comunal o Municipio de su elección. El MEF identificaba a cada diputado con un Código Alfa-Numérico Secreto. Las juntas comunales o municipios se quedaban con un cobro “de manejo”, aproximadamente 10% del monto. El resto, 90% aproximadamente, era utilizado por instrucciones del diputado".
"El supuesto uso que se le dio a los fondos fue: Apoyo a la comunidad ($178 millones); bolsas de comida ($76 millones); materiales de construcción ($26 millones); ayuda económica (19 millones 398 mil 324 dólares con 54 centavos); instrumentos musicales ($12 millones); reparación y mantenimiento ($6 millones)".
"Luego de esta auditoría nos quedan amplias dudas de que los dineros hayan llegado a las labores solicitadas", expresó Humbert. "Así como muchos diputados y juntas comunales también manejaron estos fondos correctamente, otros encontraron a través de esta metodología una nueva forma de manejar irregularmente los fondos del Estado".
Humbert destacó que: "La información recopilada durante la ejecución de las auditorías, así como el respectivo informe de auditoría tendrán carácter confidencial, de manera que solo tienen acceso a su conocimiento los funcionarios encargados, las personas relacionadas y sus apoderados debidamente acreditados por escrito en el desarrollo de la auditoría".
"¿Cómo puede ser que personas naturales que de apoyo económico recibieron 535 cheques bajo ese concepto?, ¿o que han recibido medio millón de dólares como apoyo económico? Estas cosas son punibles", expresó. "A una empresa le han dado 150 cheques por 14 mil y tantos dólares para obviar la Ley 22 (de contrataciones públicas)".
"Inclusive habían cheques en que el nombre del diputado aparecía impreso en la chequera del municipio o de la junta comunal".
Federico Humbert solo permitió preguntas de tres periodistas y su intervención fue aplaudida por funcionarios de la propia Contraloría. Luego, en una conversación informal, descartó una candidatura presidencial.
¿Otro “show” mediático?
Originalmente se habló que los fondos asignados a los diputados ascendían a $403 millones, pero ahora se habla de $319 millones, lo que refleja una diferencia de $84 millones.
Pero la auditoría pudiera resultar otro “show” dentro de la pugna de poderes que existe en el país, ya que por mandato constitucional, desde el 2004 la Contraloría ni la Procuraduría solo pueden actuar contra un diputado principal o suplente, solo si media autorización previa y expresa de la Corte Suprema de Justicia.
Aparte de los aspectos contables y jurídicos, no hay que olvidar que todos los partidos representados hoy en la Asamblea Nacional están controlados en sus máximos cargos directivos por diputados, que de ser procesados dejaría a todos los colectivos sin dirigencia, incluyendo al gobernante Partido Panameñista.