Expertos analizaron la injerencia criminal y la gobernanza extractiva
Autoridades y expertos analizaron cómo el crimen organizado afecta la justicia ambiental, el financiamiento ilícito y la institucionalidad en América Latina.
Con la participación de expertos internacionales, organismos multilaterales y autoridades panameñas, se desarrolló el primer congreso internacional sobre injerencia criminal y gobernanza extractiva, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
Durante la jornada se abordaron temas clave como la justicia ambiental, el crimen organizado y el compliance en escenarios de alta complejidad; además del financiamiento ilícito y el rol de los sujetos obligados en la gobernanza extractiva, así como la preocupante captura del Estado por redes criminales.
De acuerdo con Elías Castillo, secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, es urgente articular estrategias conjuntas entre el sector público, privado y la sociedad civil ante la creciente capacidad del crimen organizado de infiltrarse en funciones estatales, especialmente en territorios ricos en recursos naturales.
Por su parte, Darío Herrera, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), destacó la importancia de establecer modelos más estrictos de gobernanza, enfocados en la prevención de riesgos asociados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
En tanto, el especialista ambiental Gilberto Blanco advirtió que la minería ilegal no solo es un fenómeno global, sino que se intensifica en países de América Latina con fronteras compartidas, facilitando el accionar del crimen transnacional.
Blanco explicó que la persecución de los delitos ambientales se complica cuando las instituciones actúan de forma aislada, por lo que la cooperación entre el Estado, el sector privado y las comunidades resulta fundamental para enfrentar este problema.
Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de los marcos normativos y la coordinación institucional mejoran la capacidad de respuesta ante la injerencia criminal, la cual impacta negativamente tanto en la gobernanza como en el medio ambiente.
El experto también señaló que una minería responsable puede generar valor económico y social para las comunidades. En ese contexto, citó como ejemplo a Cobre Panamá.
“La ciudadanía no está en contra de la actividad minera, sino de cómo sus beneficios se traducen en bienes y servicios para las comunidades”, puntualizó.
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