Gobierno, jubilados y empresarios afinan propuesta de descuentos
Representantes del Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, gremios de jubilados y el sector privado se reunieron ayer en el Palacio de Las Garzas para analizar alternativas al esquema de descuentos para jubilados y pensionados contemplado en el proyecto de ley 226.
El encuentro, realizado en el Salón Paz, da seguimiento a la iniciativa impulsada por el presidente José Raúl Mulino, quien busca establecer una fórmula que amplíe los beneficios para los adultos mayores, sin generar un impacto negativo en las micro y pequeñas empresas que deberán aplicar los descuentos.
Durante la reunión se planteó revisar los beneficios contemplados actualmente en la propuesta, debido a que algunos descuentos, particularmente los relacionados con turismo y hotelería, no necesariamente favorecen a los adultos mayores con mayores necesidades económicas.
Entre las áreas consideradas prioritarias figuran los descuentos en energía eléctrica, transporte público, telefonía y servicios de salud. También se propuso incluir artículos de uso esencial para los adultos mayores, como pañales, sillas de ruedas y andaderas.
La discusión busca definir una propuesta que mejore los beneficios para los jubilados y pensionados, pero que también tome en cuenta la capacidad económica de los comercios y empresas que tendrán que asumir los descuentos.
La reunión fue coordinada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y contó con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; el diputado proponente del proyecto, Javier Sucre; la viceministra de Economía, Eida Sáiz, y el asesor presidencial Ricardo Fábrega.
También participaron dirigentes de organizaciones de jubilados y representantes de la Cámara de Comercio, Fedecámaras y la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.
Más temprano, el presidente Mulino aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el contenido de la propuesta y que continúan los intercambios entre los sectores involucrados.
Explicó que se han mantenido conversaciones con representantes de la Cámara de Comercio, pequeñas farmacias, organizaciones de jubilados y trabajadores de Bocas del Toro, entre otros grupos.
Mulino manifestó además su intención de que el proyecto sea aprobado antes del 31 de octubre, fecha en que concluye el actual periodo legislativo.
“Vamos a tratar de sacar una buena ley lo antes posible para que esté aprobada antes del 31 de octubre, que cierra el periodo legislativo”, afirmó.