Gobierno rechaza huelga y asegura que no hay conflicto laboral
La ministra destacó que 541 personas fueron detenidas el pasado miércoles de las cuales 283 no pertenecían al proyecto
La Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aclaró que la paralización que programa el sector de la construcción no puede considerarse una huelga legal.
La funcionaria destacó que actualmente no existe un conflicto laboral formal, por lo que las acciones que se están tomando no cumplen con los requisitos procesales para ser catalogadas como huelga.
La ministra resaltó la importancia de que los sindicatos respeten el marco legal y no incurran en actos que puedan generar un impacto negativo en el libre tránsito y los derechos de los ciudadanos.
En cuanto a las protestas, la ministra mencionó que el gobierno respeta el derecho a la manifestación pacífica y la defensa de los derechos laborales, pero subrayó que no se permitirá que se vulneren los derechos de otras personas, como el acceso a servicios médicos o la llegada a sus lugares de trabajo.
"El derecho a protestar no puede invadir la libertad de otros panameños", concluyó.
Muñoz también destacó que, dentro del marco del proyecto de construcción, 541 personas fueron detenidas el día de los incidentes el pasado miércoles . Tras revisar la planilla proporcionada por la empresa, se descubrió que 283 personas no pertenecían al proyecto y se encontraban participando en las manifestaciones, lo que ha generado controversia respecto a la legitimidad de las protestas.
Por su parte, el Ministro de Seguridad, Frank Abrego, se refirió a los actos de violencia ocurridos durante las protestas. Señaló que estos incidentes, que incluyeron daños a bienes del estado y actos vandálicos, son totalmente inaceptables.
Abrego aseguró que el gobierno está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que situaciones como las vividas se repitan.
Se hizo un llamado a la calma y exhortó a los manifestantes a seguir los canales legales establecidos para protestar, sin afectar la movilidad ni la tranquilidad de los demás.
Ambos ministros coincidieron en que las protestas deben ser llevadas a cabo de manera ordenada y dentro de los límites legales, sin alterar el orden público ni poner en peligro la seguridad de la población.
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