Grupo de ONU tilda de arbitrario arresto de Martinelli; pide investigación

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que el gobierno del exmandatario Juan Carlos Varela, mantuvo detenido de manera "arbitaria" al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli y planteó la necesidad de una indemnización y reparación por parte del Estado panameño e investigar a los responsables de esos abusos.

En un extenso documento identificado como Opinión No.47/2019, el Grupo de Trabajo hace referencia a la denuncia de Martinelli donde destaca que la mayoría de los casos en su contra fueron armados por el Consejo de Seguridad a cargo del militar Rolando López Pérez a instancia de Varela utilizado testigos anónimos y otros que fueron extorsionados, aparte que no se le imputaron cargos al exmandatario en el proceso pinchazos que se inició en la Corte Suprema de Justicia.
El Grupo de la ONU advierte que la orden de detención contra Martinelli fue emitida por el pleno de la Corte y que varios de los magistrados que participaron en dicha audiencia y resolución, habían participado en otras causas abiertas, y que también resolvieron con posterioridad la revisión de la legalidad de esa misma medida cautelar.
 A criterio del Grupo de Trabajo frente a ese hecho,  Martinelli no contó con un recurso jurisdiccional imparcial para poder combatir la legalidad de la detención, ya que sería el
mismo tribunal el responsable del procedimiento, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

Además se destaca que el Comité de Derechos Humanos ha enfatizado que el requisito de competencia, independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna y que la imparcialidad debe entenderse, como la forma en que se impide que se vean influidas las resoluciones de los juzgadores por sesgos o prejuicios personales, o bien que se pudieran tener ideas preconcebidas del asunto bajo consideración, o que se actúe de manera que promueva intereses de alguna de las partes en
perjuicio de otra.

El grupo de las Naciones Unidas también advierte que los testigos anónimos, cuya identidad es desconocida para la defensa, como fue el caso del "testigo protegido", el  policía Ismael Pitti, limitan el derecho de la persona acusada de verificar si los testimonios son confiables. El Grupo de Trabajo coincide con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que el anonimato de quienes participan en un proceso, en particular de los testigos, priva a los acusados de las garantías básicas de la justicia.
Bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las personas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de los testigos de la contraparte, al no poseer información sobre los antecedentes o motivaciones de quienes declaran.
En el documento se destaca que el recurso de testigos de identidad reservada, ha sido caracterizado por la Corte y por la Comisión Interamericana  como una violación a la garantía del debido proceso a interrogar los testigos, y de la garantía sobre el carácter público de los procesos penales.

El Grupo de Trabajo recibió información, que no fue refutada por el Gobierno, que indica que el escrito de acusación contra Martinelli postuló como medio de prueba el anuncio de testigos protegidos y que a la defensa se le negó su identidad, evitándole combatir efectivamente la necesidad de la prisión preventiva, lo que contraviene el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

La citada instancia de las Naciones Unidas insta al Gobierno  del mandatario Laurentino Cortizo que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Ricardo Martinelli y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
Otra petición del Grupo de Trabajo al Gobierno de Panamá, es que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.