Imprescriptibilidad alcanzaría a empresas y accionistas

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, pero incluyó un artículo que alcanzaría al sector empresarial, bancos y accionistas.

En medio del debate, la oposición presentó una propuesta que alteró al presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela: divulgar en la Gaceta Oficial los acuerdos de penas logrados con delatores, lo cual iba directamente hacia los ejecutivos de Odebrecht, que pactaron con el Ministerio Público.

Varela cuestionó esa propuesta, alegando que afectaría investigaciones contra el Crimen Organizado, lo que motivó luego el retiro de ésta.

Sin embargo, las bancadas del PRD y del CD lograron incluir un artículo para que se declare la incapacidad legal para contratar con el Estado a compañías que se encuentren morosas en el pago de multas o que hayan sido condenados en Panamá o el extranjero con sentencia o acuerdos de pena o colaboración eficaz en delitos de lavado de dinero, contra la administración pública, delitos económicos, terrorismo o falsedad.

El diputado Pedro Miguel González sustentó que la imprescriptibilidad debe también alcanzar a los principales beneficiarios de la corrupción: los dueños de las empresas que contratan con el Estado.

Cuestionó que una empresa como Odebrecht se les financie sus operaciones con dinero de la banca estatal panameña.

Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, en su intervención cuestionó que se permita una imprescriptibilidad infinita. "En Panamá no hay pena de muerte, pero aquí con ese proyecto tal como fue presentado no habrá presunción de inocencia y una persona puede ser investigado toda su vida", dijo.

Rodríguez recomendó aumentar los plazos para la prescripción de los procesos hasta 30 años, es decir 6 periodos presidenciales. Además indicó que de ser aprobada, esa Ley, jamás puede ser aplicada a hechos ocurridos anterior a su vigencia.

"No se puede eliminar el concepto de presunción de inocencia y todo proceso que inicia debe terminar y no quedar en el infinito", añadió.

El diputado Crispiano Adames preguntó en un sistema excesivamente presidencialista, donde el Ejecutivo siempre coacciona, conviene preguntar al ceder garantías, a quién le damos más tiempo.