Juez ordena revisión de expediente médico de El Loco y llama atención a Picuiro
El juez de garantías Francisco Carpintero ordenó que Instituto de Medicina Legal evalúe los informes de médicos del hospital Santo Tomás y del Hospital Nacional, que advierten el peligro de que el exmandatario Ricardo Martinelli sufra una “muerte súbita” por infarto o un accidente cerebro vascular.
Pero además, el juez le ordenó al jefe del espionaje presidencial, el militar Rolando López Pérez, que atienda las notificaciones de testigos que trabajan en el Consejo de Seguridad y que fueron solicitados por la defensa del también candidato a alcalde de Panamá para el juicio del caso pinchazos.
Martinelli no ha sido sometido a una evaluación del Instituto de Medicina Legal desde el 12 junio de 2018. Los informes médicos con fecha del 26 de enero y 1 de febrero de 2019, del internista Gaspar Arenas y del cardiólogo Mario Bay Lombana, deben ser valorados por los galenos del IMEL.
La abogada Jessica Canto manifestó que su defendido padece de cardiopatía isquémica, problemas prostáticos y presión alta. De igual manera, se refirió a una certificación del especialista Gaspar Arenas, que señala que Martinelli sufrió un infarto.
El juez Carpintero ordenó al Ministerio Público gestionar ante el Instituto de Medicina Legal revisar los informes médicos del expresidente Martinelli, para que se conozca su estado de salud actual y que además se le someta a una evaluación.
En 8 meses, Martinelli había sido ya atendido 75 veces por el personal médico.
El fiscal Ricaurte González y los querellantes habían pedido que se negara la petición a la defensa del exmandatario”.
En tanto, Carlos Carrillo, otro de los defensores de Martinelli, denunció que el militar Rolando López estaba afectando los derechos del exmandatario al no permitir notificar a personal del Consejo de Seguridad, para que comparezcan como testigos en el juicio por el caso pinchazos.
Ante esta solicitud, el juez de Garantías ordenó a López que permita que la defensa pueda notificar a los testigos y advirtió que los funcionarios que no acaten esas ordenes pueden ser objeto de sanciones disciplinarias.
Las boletas de citación serían para los funcionarios del Consejo de Seguridad: Betzaida Enith Quintero Pinto, Elvys Adbiel Moreno Murillo, Iris del Carmen González Cerrud, Júbilo Antonio Grael De Gracia, Julio Palacios Martínez, Vildia del Carmen Torres Potes y Carmen Esther Salinas Ray de Peña.
Carrillo hizo un llamado para que la Procuraduría de la Administración sancione los actos administrativos de Rolando López, al considerarlo una falta de respeto por impedir el derecho de defensa de Ricardo Martinelli, retrasando el proceso de entrevista a los testigos.
En tanto el Abogado Alejando Pérez advirtió que -tras la admisión de las solicitudes de los abogados, y la orden que emitió el Tribunal contra Rolando López- el día de hoy se podría estar allanando la casa cárcel del exmandatario.
“Martinelli no teme en que se le allane la casa, sino que teme a que se le implanten evidencias en el lugar para perjudicarlo”, destacó Pérez.
Por su parte, la exprimera dama Marta de Martinelli hizo énfasis en que tras un examen médico al exmandatario, se le detectó que había sufrido un infarto aquí en Panamá, y que producto de eso, la fiscalía y los abogados no querían que Medicina Legal lo revisara.
Caso Planells, Ledezma y Urrutia
La tarde de ayer se llevaron también acabo tres audiencias solicitadas por los abogados de Ricardo Martinelli, para que el Ministerio Público abra las investigaciones contra Mariela Ledezma y Annette Plannells, por los supuestos delito de calumnia e injuria.
Aunque se hicieron actos de audiencia diferentes, la abogada Alma Cortés, en representación de Martinelli, explicó los mismos argumentos en ambos casos, ya que el Fiscal había tomado una decisión propia de no admitir la querella, sin tomar en cuenta los elementos presentados, ni una investigación previa.
Alma Cortés destacó que los Fiscales están actuando como defensores de las dos personas querelladas y no como garante de los derechos de Ricardo Martinelli, quien ha sido calumniado e injuriado a través de los medios de comunicación y redes sociales
Ante estas explicaciones la Juez de Garantías, Carolina Santamaría, indicó que la defensa de Martinelli tiene cinco días para corregir el documento de querella y presentarlo al Ministerio Público para que se realice una investigación y posteriormente determine sí admite la querella contra Ledezma y Plannells.
En tanto contra la funcionaria de Cancillería, Farah Urrutia, la abogada Cortés destacó que la querella debió admitirse, porque en medio del proceso de extradición del exmandatario, se le violaron los derechos humanos y ella fue la responsable.
Pero según la fiscal Zuleyka Moore, Urrutia no tuvo nada que ver en el proceso de extradición, solo actuó como coordinadora, por lo que en las investigaciones preliminares hechas no la determinaron como responsable.
Ante los alegatos de ambas partes, la juez determinó que, de haber una investigación previa del proceso, y al no considerarse delito, dio por mantener la posición del Ministerio Público en no admitir la querella, pero sí mantiene abierto el archivo del caso por sí existe un responsable, se continúen las nuevas investigaciones contra esa persona.
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