Magistrados piden investigar a juez civil
Tras la denuncia presentada contra un Juez de Civil de Chiriquí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega reveló que se realizaron auditorías a ese despacho y la presidenta de la Sala Penal, María Eugenioa López procedió a interponer una denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, para que considere si es viable iniciar una investigación penal relacionada a acciones de un juzgado civil en Chiriquí.
Se alega que la Presidencia de la Corte recibió nota fechada 16 de junio de 2020 del Colegio Nacional de Abogados (capítulo de Chiriquí), manifestando una serie de anomalías relacionadas con la mora judicial específicamente en los juzgados civiles, que recibieron eco en denuncias públicas a través de los medios de comunicación.
Se realizó la comunicación con la Presidenta del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, ente jurisdiccional al que le corresponde conocer de las causas administrativas que se siguen contra los jueces de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, para darle conocimiento de esto, informándose de la existencia de un proceso disciplinario seguido al Juez Primero de Circuito Civil de lChiriquí, por una denuncia interpuesta en su contra.
Luego la de Negocios Generales integrada por Luis Ramón Fábrega Sánchez (Presidente), Magistradas Angela Russo de Cedeño (Vicepresidenta) y María Eugenia López Arias (Presidenta de la Sala Penal), mediante nota del 21 de octubre de 2020, giró instrucciones a la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial para que realizara la verificación del funcionamiento y gestión del Juzgado a fin de conocer la cantidad de expedientes en trámite, incluyendo el detalle de los procesos más antiguos y su condición procesal.
El informe de la primera visita para la auditoría consigna importantes hallazgos. El Magistrado del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, solicitó que se constituyera como prueba en el proceso, una auditoría específica sobre el expediente motivo de la denuncia interpuesta contra el juez, que se constituyó en una acción disciplinaria.
Luego de estos dos auditos, la Presidencia de la Corte llegó a la conclusión que era necesario tomar las acciones correspondientes, por lo que se le solicitó a la Magistrada María Eugenia López Arias, como Presidenta de la Sala Penal e integrante de la Sala Cuarta de Negocios Generales, que tomase las medidas correctivas ante las instancias que correspondiesen.
López de Arias procedió a interponer una denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, para que considere si, con fundamento en lo que se le comunica y las copias procedentes de la Dirección de Auditoría Judicial, es viable iniciar una investigación penal para que se practiquen u ordenen las diligencias útiles que determinen la existencia de uno o varios ilícitos y quiénes son los responsables, sin que se soslayen las disposiciones constitucionales y legales acerca del derecho a la defensa, la reserva, la protección a la intimidad, el debido proceso, el estado de inocencia, de todos los que puedan resultar investigados.
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