Mesa técnica sobre extinción de dominio termina el jueves
La mesa técnica para la discusión del proyecto de Ley 625, de extinción de dominio debatió ayer obre los delitos de lesa humanidad, como la trata de personas, secuestro y cualquier delito que atente contra la integridad de una persona, para que puedan ser investigados hacia atrás, tema que llegó a un consenso.
La presidenta de la mesa técnica, Corina Cano, destacó que “uno de los temas que ha generado debate es, si se investiga a alguien desde el punto de vista penal y esa persona sale absuelta, cómo entra el juez de extinción de dominio a investigar sobre esos bienes, porque, ¿Si le absuelve desde el punto de vista penal, ¿cómo van a investigar sus bienes si ya está absuelto?”.
El asesor legal del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, indicó que lo planteado es el respeto al derecho a la propiedad, consagrado en los artículos 47 y 48 de la Constitución. La mesa técnica ha programado reuniones hasta el jueves.
Por su parte, el ministro Juan Pino dijo que en Panamá se han llevado a cabo operaciones contra el crimen organizado, lográndose incautar propiedades, fincas, mansiones y millones de dólares, incluso en la que son capturados cabecillas o peces gordos, vinculados a narcotráfico, secuestro, pandillerismo, homicidio y delitos conexos.
Pino fue enfático al señalar que hay quienes están tratando de convencer a la población con epítetos absurdos y falsos, manifestando que la Extinción de Dominio presentada ante la Asamblea Nacional, el 28 de abril del 2021, va en contra de las personas de bajos recursos económicos, del vendedor de lotería, del buhonero o de aquel ciudadano “honesto” que ha obtenido una propiedad o un bien por la vía legal.
“Lo digo y lo sostengo categóricamente, se está desinformando a la ciudadanía, ya que esa no es la esencia de este proyecto de ley. Lo que se busca es perseguir las ganancias ilícitas y clandestinas, obtenidas por medio de actividades criminales. Como ministro, ciudadano y padre de familia hago un llamado para que pensemos y actuemos en virtud de la Nación, a fin de cumplir con la responsabilidad y el compromiso histórico de dejarle a las presentes y futuras generaciones un país sólido, en el que prevalezca la justicia, pero con una certeza del castigo ejemplar, una cultura de paz, democracia y un desarrollo humano sostenible”, manifestó Pino.
Pino alegó que el Estado, a través de los estamentos de seguridad y el Ministerio Público, invierten meses, hasta años, recursos económicos, logísticos y personal especializado que planifica, ejecuta y judicializa para finalmente aprehender a criminales que no tienen ni Dios, ni Patria y a quienes lo único que interesa es corromper, extorsionar y asesinar para lograr sus propósitos.
Además detalló los resultados como la Operación “Fisher” donde se decomisó $10 millones; la Operación “Chivo” donde fueron capturados 29 ciudadanos, 17 vehículos de alta gama y $369 mil y la Operación “Polux”quie permitió incautar casi dos toneladas de cocaína.
El proyecto no es un capricho y no pretende perseguir políticamente a nadie, más bien tiene como objetivo robustecer el marco jurídico en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado antes de que nuestro país caiga en las redes de la corrupción y la narcomafia, lo cual ha llevado a otros países a un narco Estado, agregó Pino.
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