Minería, puertos y energía negocios para ‘salvar’ la CSS
El gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) apuesta la renegociación de los contratos sobre minería, generación de energía y portuarios, para salvar al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido o solidario de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), que al cabo de 9 años tendrá un faltante de $8,013.9 millones.
Los primeros esbozos en esa línea los adelantó el secretario general del PRD, Pedro Miguel González. Lo cierto es que en esa tripleta de operaciones el Estado debe recoger al menos $800 millones anuales para tapar el hueco que en cada periodo generaría el pago a los jubilados del sistema mixto,pero hay quienes temen que detrás de todo exista una intención de simple negocio.
$400 mil millones en minería
El perredista dijo que hay sectores estratégicos que pueden contribuir a apuntalar el sistema de pensiones que está a punto de colapsar. González destacó que Minera Panamá tiene un concesión sobre una reserva minera con valor superior a los $400 mil millones y un contrato declarado inconstitucional, donde se le otorga un ridículo 2%,
En septiembre de 2018, tras nueve años después de acciones legales, el entonces magistrado Jerónimo Mejía sacó el fallo en que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla (hoy Minera Panamá).
A pesar de eso, la Minera Panamá ha seguido explotando oro y cobre. El año pasado -con todo y pandemia- produjo 205,548 toneladas de cobre y 84,667 onzas de oro. Para los años 2021, 2022 y 2023 se estiman que serán 130 mil, 145 mil y 155 mil onzas de oro.
Oro y cobre se disparan
El precio de la onza de oro está cerca de $2,000 y se proyecta que llegará a $2,300 antes de fin de año.
Según Citigroup, se espera que el mercado mundial del cobre tenga un déficit de 521.000 toneladas en 2021. Se estima que el precio de la tonelada de cobre llegará a $10,000 mil, cuando antes se vendía a $6,000 la tonelada.
Hace el Ministerio de Comercio de Panamá incorporó 25,600 hectáreas ubicadas en distritos de de las provincias de Colón y Coclé al régimen de concesiones mineras.
Semanas después, el gobierno anunció que había ha recibido una propuesta de la compañía canadiense Broadway Mineral para operar el proyecto Mina Molejón, cuya concesión fue cancelada en el 2015 . Se ofreció invertir $200 millones en la reconstrucción de la mina y otros $250 millones en la construcción de una Refinería, en la cual el Estado panameño tendrá participación accionaria de 50%.
Tan pronto se anunció el proyecto salió a relucir que Andrea Zanon, quien fuera por un tiempo directivo y tesorero de Broadway Strategic Minerals Panamá, está siendo investigado por estafar con criptomonedas 135.8 millones de euros a 4 mil ciudadanos. La compañía alegó luego que el empresario italiano ya no formaba parte de la empresa.
Auditoría a concesión portuaria
En otro aparte de sus observaciones, el perredista abordó el tema del contrato con Panamá Ports y pidió una auditoría profunda antes de renovar el contrato por 25 años y hasta analizar convocar a una licitación si se detecta alguna anomalía.
La Contraloría reveló que por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, Panamá Ports logró ingresos acumulados por 4,345 millones 775 mil dólares.
Desde 1997 al 2019, PPC realizó desembolsos por 3,435 millones 784 mil dólares con una utilidad acumulada por 909 millones 991 mil dólares.
El contrato original contenido en la ley 5 de 16 de enero de 1997 establecía que el Estado recibiría una participación accionaria totalmente pagada y liberada equivalente al 10% del capital y una anualidad fija de $22.2 millones.
Mediante la Adenda No. 1del 1 de diciembre del 2005 se aprobó una equiparación y con ésta se exoneró a Panama Ports de pagar los $22.2 millones anuales, quedando válida la obligación de cubrir al Estado el 10% de utilidades en su condición de accionista.
Negocio sin mover una pala
Respecto al tema energético, el secretario general del PRD advirtió que se ha creado un cuasi monopolio con una empresa (AES) que tiene probablemente arriba del 70 % de la generación de energía de la demanda nacional.
“Fue enfático en decir que es importante que el Estado juegue su papel en las concesiones donde es accionistas y que se haga cumplir la seguridad jurídica no solo de las empresas, sino también del Estado panameño.
En muchas de estas concesiones, los estados financieros de las empresas en las que el Estado es accionista son el secreto mejor guardado en Panamá, sin embargo, reportan utilidades en las bolsas de valores en el extranjero muy superiores a las que reportan al Estado panameño”, sostuvo.
Por su parte, el abogado Moisés Joel Bartlett Quiel pidió que se informe sobre la cesión de un proyecto de generación de energía a base gas natural que hizo NG Power a Generadora Gatún conformada por InterEnergy Group y AES Panamá. En este consorcio InterEnergy Group tendrá el 51% de las acciones, el Estado un 25% y AES Corporation el 24% de participación.
La Cámara de Comercio dijo que en esa cesión de NG Power a Generadora de Gatún, se debe velar por los mejores intereses del país atendiendo las características del mercado actual que garanticen un mejor precio de la energía.
Antes el gremio había solicitado a la Asep no solo no autorizar la transferencia de este contrato, sino que proceda a resolver el mismo.
El secretario de Energía, Jorge Rivera Staff alegó que la operación es una transacción entre empresas que ya tenían la licencia, logrando contar con un nuevo componente de empresas.
Sin embargo, para el abogado Bartlett Quiel lo que debió hacer el gobierno es cancelar la licencia de NG Power, cancelar los contratos y llamar a una licitación ,donde los precios en la compra de energía sean equitativos con el resto de los generadores, porque el de NG Power era el más alto del mercado: 11 centésimos el kilovatio y eso representa millones de dólares en 20 años de concesión.
El abogado interpuso una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y ayer pidió al Secretario de Energía que revele los detalles de esa transacción entre NG Power y Generadora Gatún, porque están en juego intereses del Estado, que es accionista en la nueva empresa, por lo tanto la información es de carácter pública.
Moisés Bartlet bromeó alegando que NG Power se ganó millones en esa cesión, sin mover una pala...solo con un letrero en el área que anuncia la concesión que ahora cedió.
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