Ministerio de Gobierno asume la justicia comunitaria

Desde este jueves 1 de enero, la justicia comunitaria y la de las Casas de Paz pasaron formalmente a ser administradas por el Ministerio de Gobierno, según lo establecido en la Ley No. 467.

"Ese es un tema que ya se establece en la Ley No. 467 y definitivamente nosotros tenemos que arrancar", dijo la ministra Dinoska Montalvo.

Reiteró que el proceso de transición no implica la paralización ni el cierre de los servicios de justicia comunitaria en el país.

“La justicia comunitaria nadie la cierra; en Arraiján va a seguir funcionando”, manifestó.

Además, dijo que el Gobierno está preparado para asumir esta responsabilidad institucional.

En tanto, destacó que el Gobierno trabajó de manera anticipada para una transición transparente, coordinando con los distintos municipios para que el cambio se realice de forma ordenada.

Por otro lado, Montalvo señaló que en el caso de Arraiján es distinto.

"Lo que se está buscando es que la transición no sea un tema crítico o caótico para el usuario, para la comunidad, que es la que depende de este tipo de justicia", añadió.

Enfatizó que existe una "imprecisión total" en la información que se ha divulgado, al decir que la justicia comunitaria no se detiene.

Sobre el personal, los jueces de paz y funcionarios seguirán en sus cargos mientras se concreta el proceso administrativo correspondiente.

“Que a partir del día 1 de enero de 2026, los funcionarios al servicio de las Casas de Justicia Comunitaria a nivel nacional, que no han sido objeto de reemplazo, deben ejercer sus funciones conforme lo dispone el artículo 793 del Código Administrativo, que establece que ningún empleado administrativo dejará de funcionar, aunque su período haya transcurrido, sino luego que se presente a remplazarlo el que haya sido nombrado al efecto o el suplente respectivo”, reza el comunicado de la entidad.

De acuerdo con lo informado, los jueces pasan al ministerio mediante nombramientos interinos, mientras se prepara el concurso público que exige la ley y que está previsto para los meses de abril y mayo de 2026.