Mulino: La ocupación de los puertos no es expropiación
El Consejo de Gabinete aprobó dos contratos de concesión transitorios para garantizar la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de Gabinete aprobó dos contratos de concesión transitoria para asegurar la continuidad de las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que se publicara en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional el contrato ley otorgado a Panama Ports Company.
Las resoluciones N.° 4 y N.° 5 autorizan a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a suscribir, mediante procedimiento excepcional, contratos temporales con dos empresas internacionales por un periodo de hasta 18 meses.
Empresas designadas y montos aprobados
La Resolución N.° 4 del 23 de febrero de 2026 establece la contratación de APMT Panamá S.A., responsable de la operación, mantenimiento y administración del Puerto de Balboa, en el litoral Pacífico.
El monto aprobado asciende a $26,100,000.00.
Por su parte, la Resolución N.° 5 del 23 de febrero de 2026 autoriza el contrato transitorio con TIL Panamá S.A. para la operación del Puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón.
Medida temporal mientras se define licitación definitiva
Las concesiones tendrán carácter temporal mientras el Estado define un modelo definitivo de gestión portuaria y se establece el pliego de cargos para licitar la administración de ambas terminales estratégicas para el comercio internacional.
Mulino aclara: “No es expropiación”
El presidente José Raúl Mulino aclaró al país que el control asumido por el Estado panameño sobre los puertos de Balboa y Cristóbal no constituye una expropiación, sino una medida para garantizar la continuidad operativa.
“Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, afirmó el mandatario en un mensaje a la Nación.
Mulino explicó que la AMP, en representación del Estado, tomó posesión de las instalaciones con estricto apego al derecho panameño y en defensa de los intereses nacionales, asegurando además que la decisión refuerza la confianza internacional en Panamá.
Garantizan estabilidad laboral
El presidente también garantizó la estabilidad laboral de más de 7,000 trabajadores vinculados a las terminales portuarias, subrayando que todos mantienen sus puestos de trabajo y que las decisiones adoptadas no responden a intereses particulares.
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