Negociación minera: confusión e incertidumbre
El representante de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), Francisco Díaz, confirma que hay inquietud entre los trabajadores de la actividad minera.
Desde que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional en 2018 el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que permitió los trabajos mineros en la provincia de Colón, a 120 km al oeste de la ciudad de Panamá, la confusión y falta de claridad han reinado sobre el proceso, a pesar de que expertos en el tema aseguran que la empresa Cobre Panamá puede continuar con sus operaciones.
Y puede continuar operando, explican abogados, porque el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), como responsable de la explotación de los recursos minerales, anunció que el contrato de concesión minera, firmado en 1996 y su posterior prórroga (de 20 años), se mantiene vigente en todas sus partes, pues el fallo de la CSJ únicamente declaró en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la Ley 9 de 25 de febrero 1997 y no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión.
Lo anterior significa que la declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efecto sobre los actos que ya surtió la norma, ni los derechos adquiridos por la empresa; por eso el contrato sigue vigente hasta el año 2037.
El panorama de confusión en torno al tema se ha creado por lo antes descrito, porque resulta difícil de comprender para quienes desconocen temas jurídicos. Es un "problema técnico jurídico", dice el abogado, Edgardo Molino Mola, que se podría evitar si se legisla sobre los contratos leyes para desarrollar de manera legislativa los objetivos y finalidades de dichos contratos.
De hecho, las decisiones de la Corte se deben publicar en la Gaceta Oficial, pero en este caso, aún no se ha hecho, aunque Molino dice que tradicionalmente los fallos y las leyes se han demorado en publicar en la Gaceta.
Aún así, considera que se debería crear una gaceta judicial para que la Corte pueda publicar en tiempo sus fallos que la Constitución y las leyes les obliga hacer, y serviría también para otras valiosas publicaciones jurisprudenciales, artículos doctrinales y reproducción de códigos y leyes importantes.
Sobre si la publicación en Gaceta o el anuncio del Mici en el Gobierno anterior afectaría la vigencia del contrato, Molino Mola recuerda que los fallos en materia de leyes no tienen efecto retroactivo ni afectan las situaciones anteriores cumplidas, así como los derechos adquiridos por el contrato.
También explica que, en el caso de que al publicar la sentencia en la Gaceta Oficial, el Estado deje de reconocer los derechos adquiridos bajo el contrato por Minera Panamá, S.A., por considerar que el contrato queda anulado, como consecuencia de la publicación de dicha sentencia, Minera Panamá podría ejercer las acciones que el contrato le permite sobre incumplimientos sustanciales y arbitraje, respectivamente. Los siguientes tratados se podrían aplicar al caso: Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones, Convenio entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América sobre el Trato y Protección de la Inversión, y el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Panamá y Canadá.
El también abogado, Pedro Meilán dijo que si los términos de la justicia fueran más rápidos y los fallos se dieran en un año o menos, no se tendrían escenarios como este, donde una empresa hizo una inversión de casi 7,000 millones de dólares “y ahora resulta ser que quieren interpretar que la inconstitucionalidad de la ley anula el contrato”, nueve años después.
Además, dice que si se quisiera anular dicho contrato, se debe presentar una demanda de nulidad; pero mientras, este sigue vigente. De hecho, detalla que con o sin contrato, las consecuencias se deciden en otros estrados, ya que el mismo contrato tiene cláusula arbitral. No puede ser decidido por una sola parte.
Colaboradores inquietos
Por todo el proceso antes detallado, el Estado mantiene una negociación con Cobre Panamá, que busca mejores condiciones para las partes involucradas. El consultor laboral, René Quevedo dice que no solo se habla de una negociación entre dos partes; se debe entender que se trata de la mayor inversión extranjera hecha en Panamá, que genera plazas de trabajo: 39 mil empleos formales, $600 millones anuales en compras locales a 1,850 proveedores, y contribuciones en construcción de calles, electrificación, educación y otros; sectores que hoy sienten la tensión por el debate generado.
El representante de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), Francisco Díaz, confirma que hay inquietud entre los trabajadores de la actividad minera, porque piensan en cómo van a quedar una vez se concreten los acuerdos con el Estado, aunque asegura que las negociaciones tienen una responsabilidad con los trabajadores, y buscan lograr un balance entre las mejores condiciones para el Estado, sin comprometer los empleos formales que genera la mina y lo que cotizan en la Caja de Seguro Social (CSS).
Horacio Gordillo y Bolívar González forman parte de esos colaboradores de Cobre Panamá que confirman que se siente la incertidumbre ante las negociaciones, por lo que esperan que esta no se extienda y se difunda información exacta sobre las operaciones de la mina.
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