Nuevo presidente de la CCIAP, seguro de que superaremos la crisis
José Ramón Icaza tomó ayer posesión como presidente de la Cámara de Comercio con un mensaje de esperanza para superar la crisis, recuperar los puestos de trabajo, reconstruir y reactivar la economía y promover el desarrollo sostenible y equitativo para todos en Panamá.
Icaza señaló que vivimos un momento definitorio que requiere de una sociedad unida, capaz de canalizar las energías hacia el diseño y ejecución de políticas e iniciativas concretas y medibles, encaminadas a encontrar una salida sostenible a la crisis sanitaria y socioeconómica en la que estamos sumidos.
"No hacerlo condenará a Panamá al fracaso, un fracaso que pagarán caro y del que nos harán responsables las futuras generaciones de panameños”, dijo el presidente de los comerciantes.
También se dirigió al Órgano Legislativo para que mediante el diálogo sincero que, en lugar de dividir y confundir, sirva de guía a una población que reclama a gritos transparencia y liderazgo.
En cuanto al tema Educación, destacó que la UNICEF ha señalado que el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes"; ya la Cámara se ha manifestado a favor del retorno voluntario a clases semi presenciales en aquellos centros educativos que cumplan con las medidas de bioseguridad y que estén ubicados en sectores de baja tasa de contagios.
Sobre el tema de la seguridad social, dijo que queda muy poco tiempo para poder encontrar una solución real a los graves problemas financieros que enfrenta la Caja de Seguro Social.
Advirtió que las reservas del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cubrirán las pensiones actuales solo hasta el año 2023, eso es dentro de tan solo dos años y tal es la situación, que, si en estos momentos se tuviera que cubrir el déficit total, se requeriría de $60 mil millones, lo que implicaría doblar la deuda externa del país”.
Además reclamó reformas constitucionales en los tres Órganos del Estado, entre ellos, cambios en los requisitos y tiempos de designación de los Magistrados de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, real independencia en el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público; modificaciones a la función judicial del Órgano Legislativo, el método de escogencia y composición de la Asamblea Nacional, así como límites a la reelección de los diputados y limitaciones a los poderes del Ejecutivo.
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